San José, Costa Rica – La reciente elección de Laura Fernández como presidenta de Costa Rica, si bien representa un hito histórico al ser la segunda mujer en ocupar el cargo, ha encendido las alarmas sobre una posible deriva autoritaria en el país centroamericano, tradicionalmente conocido por su estabilidad democrática y abolición del ejército. La victoria de Fernández, respaldada por el aún influyente ex-presidente Rodrigo Chaves, se produce en un contexto de creciente polarización política, ataques a la institucionalidad y una preocupante erosión de la confianza en los medios de comunicación.
La elección de Fernández, una joven política de 39 años con formación en ciencia política y políticas públicas, se asemeja en algunos aspectos al triunfo de Claudia Sheinbaum en México, al representar una continuidad del proyecto político del mandatario saliente. Sin embargo, las similitudes terminan ahí. Mientras que López Obrador ha mantenido una retórica populista pero dentro de los límites de la legalidad, Chaves ha adoptado un estilo de liderazgo confrontativo y desafiante hacia las instituciones del Estado, los partidos tradicionales y la prensa independiente.
El mandato de Chaves, marcado por acusaciones de financiamiento irregular y un pasado turbulento en el Banco Mundial – donde fue investigado por acoso sexual, aunque él lo califica como “malos entendidos” – ha sido calificado por muchos como un período de tensión y polarización. Su constante ataque a la prensa, acusándola de parcialidad y sabotaje, ha debilitado el papel de los medios como contrapeso al poder ejecutivo. Esta táctica, lamentablemente, ha calado en una parte de la población, creando un clima de desconfianza hacia las fuentes de información independientes.
La contundente victoria del partido Pueblo Soberano de Chaves en las elecciones legislativas, obteniendo 31 de 57 bancadas en el parlamento, le otorga una mayoría absoluta que podría ser utilizada para impulsar una agenda que socave los principios democráticos. La pregunta que se hacen analistas políticos y observadores internacionales es cómo se administrará esta mayoría y si se respetarán los límites constitucionales.
El informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, aunque en general positivo, no ha dudado en señalar “elevados niveles de conflictividad política, ataques a la institucionalidad, a los medios de comunicación y una alta tensión entre los poderes del Estado”. La misión también advierte que el oficialismo “cuestionó el sistema electoral, que tradicionalmente se ha caracterizado por una sólida confianza ciudadana en Costa Rica”. Estas advertencias, aunque por ahora solo sean señales de alerta, no pueden ser ignoradas.
La abolición del ejército en 1948, un hito histórico en la historia de Costa Rica, ha sido un factor clave en su estabilidad y desarrollo. Sin embargo, la creciente polarización política y la erosión de la confianza en las instituciones podrían poner en peligro este legado. Un gobierno con una mayoría parlamentaria absoluta y una tendencia a desafiar las normas democráticas podría verse tentado a concentrar el poder y restringir las libertades civiles.
La elección de Fernández, aunque representa una oportunidad para un nuevo liderazgo, también plantea interrogantes sobre su independencia de Chaves y su capacidad para resistir las presiones de su partido. Su promesa de continuismo, aunque comprensible en términos políticos, podría interpretarse como una señal de que no está dispuesta a romper con las prácticas autoritarias de su predecesor.
El editorial del periódico La Nación, de San José, recuerda a los triunfadores que, a pesar de su victoria, más votos se distribuyeron entre las otras 19 candidaturas, lo que indica que una parte importante de la población costarricense no está de acuerdo con su proyecto político. Esta realidad debe ser tenida en cuenta para evitar una mayor polarización y construir un consenso nacional.
Costa Rica se encuentra en una encrucijada. La elección de Fernández representa un momento crucial en su historia. El país debe decidir si continuará por el camino de la democracia y el respeto a las instituciones, o si cederá a las tentaciones autoritarias que amenazan con socavar su estabilidad y su reputación internacional. La comunidad internacional, y en particular los países de la región, deben estar atentos a la situación en Costa Rica y brindar su apoyo a las fuerzas democráticas que luchan por defender los principios de libertad, justicia y respeto a los derechos humanos.
La experiencia de otros países de América Latina, donde el autoritarismo ha dejado profundas cicatrices, debe servir como una advertencia para Costa Rica. La democracia es un bien frágil que requiere una defensa constante y un compromiso inquebrantable con los valores de la libertad y la justicia. El futuro de Costa Rica, y el futuro de la democracia en América Central, dependen de ello. La comunidad internacional debe estar preparada para actuar si la situación en Costa Rica se deteriora y se amenaza la estabilidad democrática del país.
