Las Mesas Comunitarias del Defensor del Pueblo, una iniciativa a menudo inadvertida, se están consolidando como una herramienta vital para la protección de los derechos ciudadanos y el fortalecimiento de la democracia en la República Dominicana. Francisco Miguel Herrera, educador, articulista y autor con amplia experiencia en ciencias sociales y gestión educativa, destaca la importancia de estos espacios de participación ciudadana, describiéndolos como un “puente entre la comunidad y el Defensor del Pueblo”.
La Ley 1901, que crea al Defensor del Pueblo, establece una autoridad independiente con la misión de proteger las prerrogativas personales y colectivas de los ciudadanos frente a abusos o negligencias de funcionarios o instituciones públicas. Sin embargo, Herrera subraya que ninguna institución puede cumplir su mandato sin una conexión directa con la realidad que vive la gente. Es aquí donde las Mesas Comunitarias entran en juego, actuando como un canal crucial para que las inquietudes y denuncias de la población lleguen a la institución.
Estas mesas, integradas por líderes comunitarios, juntas de vecinos, organizaciones sociales, instituciones educativas, grupos juveniles, mujeres, ONG y ciudadanos voluntarios, funcionan como un sistema descentralizado de atención y seguimiento de casos. La coordinación nacional está a cargo de un equipo técnico del Defensor del Pueblo, mientras que a nivel local, cada mesa es dirigida por coordinadores comunitarios elegidos por su propia comunidad.
Los datos oficiales, provenientes del informe “Memorias de las Mesas Comunitarias del Defensor del Pueblo durante el año 2025”, elaborado por Miguel Puello, segundo suplente del Defensor del Pueblo y coordinador nacional de las Mesas Comunitarias, revelan un crecimiento significativo de esta red. En 2025, las mesas atendieron un total de 12,875 casos, representando un aumento del 23% en comparación con el año anterior. De estos casos, el 35% se relacionaron con problemas de acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad y salud; el 28% con denuncias de abuso de poder por parte de funcionarios públicos; el 18% con conflictos vecinales y problemas de convivencia; y el 19% con otras problemáticas diversas.
Además, las mesas lograron resolver el 62% de los casos atendidos, ya sea a través de mediaciones, gestiones ante las instituciones correspondientes o derivaciones a otras instancias competentes. El tiempo promedio de resolución de un caso fue de 45 días, lo que demuestra la eficiencia de este mecanismo de atención ciudadana.
Herrera enfatiza que las Mesas Comunitarias no son un mero experimento aislado, sino una red nacional en crecimiento que acerca el Estado a la gente y viceversa. Permiten que el Defensor del Pueblo no se perciba como una oficina distante, sino como una institución que respira la realidad del barrio, del campo, del municipio. Su importancia radica en que facilitan el acceso a la justicia, promueven la participación ciudadana y fortalecen la confianza en las instituciones públicas.
En la práctica, cuando un ciudadano enfrenta una situación de abuso, negligencia o violación de derechos, la mesa comunitaria actúa como un primer punto de contacto. Los coordinadores comunitarios escuchan la denuncia, documentan el caso y lo canalizan al equipo técnico del Defensor del Pueblo. En muchos casos, se logra una solución a través de mediaciones comunitarias, donde se busca un acuerdo entre las partes involucradas. En otros casos, se realiza una gestión ante la institución responsable para que se corrijan las irregularidades. Y en los casos más graves, se deriva el caso a otras instancias competentes, como el Ministerio Público o los tribunales de justicia.
Herrera relata haber presenciado intervenciones rápidas y efectivas gracias al trabajo de las Mesas Comunitarias, desde mediaciones comunitarias que resolvieron conflictos vecinales hasta acompañamientos en situaciones de vulnerabilidad que permitieron a las víctimas acceder a servicios de apoyo. Los beneficios son tangibles: acceso a servicios básicos, protección contra abusos de poder, resolución de conflictos y fortalecimiento de la cohesión social.
La participación en las Mesas Comunitarias es voluntaria. Cualquier ciudadano interesado puede integrarse, ya sea como coordinador comunitario o como miembro activo de la mesa. Para ello, basta con contactar al Defensor del Pueblo o a la mesa comunitaria más cercana a su domicilio.
Herrera concluye que las Mesas Comunitarias representan una de las iniciativas más valiosas –y menos difundidas– del Defensor del Pueblo. Son un recordatorio de que la defensa de los derechos no es solo tarea de una oficina en Santo Domingo, sino una responsabilidad compartida entre el Estado y la ciudadanía. En tiempos donde la confianza pública se erosiona con facilidad, estos espacios de participación voluntaria son una oportunidad para reconstruir puentes, fortalecer la democracia y recordarnos que los derechos no se mendigan: se ejercen y se defienden.
Las Mesas Comunitarias no son un adorno institucional, sino una herramienta viva de ciudadanía, justicia y dignidad. Su éxito depende del compromiso y la participación activa de la comunidad, así como del apoyo continuo del Defensor del Pueblo y de las autoridades competentes. Es fundamental que se continúe invirtiendo en esta iniciativa, fortaleciendo su capacidad de atención y ampliando su cobertura a nivel nacional, para que cada ciudadano dominicano pueda ejercer plenamente sus derechos y contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa.
