Las familias Rapa Nui han asestado un duro golpe al gobierno de Gabriel Boric, rechazando con un contundente 89,3% la propuesta de estatuto especial para Isla de Pascua. El resultado, revelado por la entidad Honui, que agrupa a representantes de 36 familias Rapa Nui, pone de manifiesto una profunda desconfianza en el proceso y una firme defensa de la autodeterminación del pueblo originario. La votación, realizada el pasado 1 de febrero entre las 9:00 y las 17:00 horas, evidenció un claro mensaje: la comunidad no está dispuesta a aceptar un estatuto que consideran impuesto y carente de las garantías necesarias para un verdadero autogobierno.
La propuesta gubernamental, elaborada en conjunto con la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua (Codeipa), contemplaba una separación administrativa y política de Rapa Nui de la región de Valparaíso, la creación de un Gobierno del Territorio Especial con personalidad jurídica, patrimonio propio y presupuesto autónomo, y la transferencia de competencias clave en áreas como la planificación del desarrollo, la administración de las tierras y la gestión del patrimonio cultural. En apariencia, se trataba de un avance significativo hacia la autonomía, pero para las familias Rapa Nui, la forma en que se planteó y la falta de un proceso verdaderamente participativo invalidaron la iniciativa.
De las 955 personas que votaron en contra, se argumenta que el rechazo no es una negativa a la autonomía en sí misma, sino una objeción a la metodología empleada por el Estado. La falta de consentimiento previo, libre e informado, un principio fundamental del derecho internacional en lo que respecta a los pueblos indígenas, fue el principal punto de crítica. Las comunidades denuncian que no se les dio la oportunidad de construir un estatuto que reflejara sus verdaderas necesidades y aspiraciones, y que la propuesta presentada fue impuesta desde arriba, sin una escucha activa de sus demandas.
“Esta es una señal política inequívoca”, declaró un representante de Honui. “No existe consentimiento previo, libre e informado. No podemos aceptar un estatuto que no haya sido construido con nuestra participación y que no garantice nuestra autodeterminación”. La referencia al Tratado de 1888, que establece la relación entre Rapa Nui y el Estado de Chile, es crucial. Las comunidades insisten en que cualquier intento de redefinir la gobernanza del territorio debe tener en cuenta este antecedente histórico y abordar las problemáticas que han surgido a raíz de él.
El rechazo masivo también pone en tela de juicio el rol de Codeipa, la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua. Las familias Rapa Nui piden una revisión de su función y una mayor transparencia en sus acciones. Se cuestiona si Codeipa realmente representa los intereses del pueblo Rapa Nui o si actúa como un intermediario del gobierno central, perpetuando una relación de dependencia y control.
La demanda de un enfoque “verdaderamente descolonizador” es otro elemento central en la postura de las comunidades. Se argumenta que el estatuto propuesto no aborda las raíces históricas de la opresión y la marginación que ha sufrido el pueblo Rapa Nui, y que no promueve una ruptura con las estructuras de poder coloniales que aún persisten en la isla. Se exige un proceso de reconstrucción institucional que se base en los valores y las tradiciones de Rapa Nui, y que reconozca su derecho a decidir su propio futuro.
La autodeterminación, según las comunidades, “no se delega ni se sustituye”, sino que se ejerce colectivamente desde el territorio. Esto implica que el pueblo Rapa Nui debe tener el control total sobre sus recursos naturales, su cultura y su forma de vida, sin injerencias externas. La autonomía, en este contexto, no es simplemente una cuestión administrativa o política, sino una cuestión de dignidad y supervivencia cultural.
El silencio del gobierno de Gabriel Boric ante este resultado contundente ha generado aún más frustración y desconfianza. Hasta el cierre de esta nota, no se había emitido ninguna declaración oficial ni se había anunciado ninguna medida para abordar las críticas planteadas por las comunidades Rapa Nui. Esta falta de respuesta alimenta la percepción de que el gobierno no está tomando en serio las demandas del pueblo originario y que no está dispuesto a entablar un diálogo genuino para encontrar una solución justa y equitativa.
La situación actual plantea un desafío importante para el gobierno de Boric. Si desea mantener una relación constructiva con el pueblo Rapa Nui, deberá replantear su estrategia y abrir un proceso político que sea legítimo, transparente y participativo, con el consentimiento del pueblo Rapa Nui como eje central. Ignorar la voz de la comunidad o intentar imponer un estatuto que no sea de su agrado solo profundizará la brecha existente y podría conducir a una escalada de tensiones.
El futuro de Isla de Pascua está en juego. La decisión de las familias Rapa Nui de rechazar la propuesta gubernamental es un llamado de atención para el Estado chileno. Es hora de escuchar atentamente las demandas del pueblo originario y de construir un futuro basado en el respeto mutuo, la justicia y la autodeterminación. La historia de Rapa Nui, marcada por siglos de colonización y opresión, exige una respuesta a la altura de sus desafíos y de sus aspiraciones. El gobierno de Boric tiene la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en esta historia, pero para ello deberá demostrar una voluntad política real y un compromiso genuino con los derechos del pueblo Rapa Nui.
