La Paz, Bolivia – El sector de la construcción boliviana se encuentra en una encrucijada, con proyectos de obra pública amenazados por el alza de costos y la falta de mecanismos de ajuste. Tras una declaración de emergencia nacional y la suspensión temporal de trabajos, representantes del sector y el Gobierno han instalado una mesa técnica de trabajo en La Paz para buscar una solución a esta crisis.
La Cámara Departamental de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) informó que la reunión, celebrada esta semana, contó con la participación de autoridades de los ministerios de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; Economía y Finanzas Públicas; y Desarrollo Productivo Rural y Agua. También asistieron representantes de la Cámara Boliviana de la Construcción, cámaras departamentales, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y el Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia.
La crisis se originó por el incremento significativo de los precios de los materiales de construcción, la mano de obra y otros insumos esenciales, sin que los contratos de obra pública contemplaran cláusulas de ajuste que permitan a las empresas constructoras cubrir estos costos adicionales. Esta situación ha puesto en riesgo la viabilidad económica de numerosos proyectos, llevando a las empresas al borde del colapso y generando incertidumbre sobre el futuro de la infraestructura en el país.
Ante esta situación, el sector constructor se declaró en emergencia y anunció la suspensión temporal y total de trabajos hasta lograr un acuerdo con el Gobierno que garantice el equilibrio económico en los proyectos de obras públicas. La medida generó preocupación en el Ejecutivo, que rápidamente respondió abriendo un diálogo con los representantes del sector.
Durante el encuentro en La Paz, la mesa técnica acordó avanzar en cuatro ejes centrales para buscar una solución a la crisis. El primero de ellos es la aplicación de la adecuación de precios mediante un decreto supremo, que permitiría ajustar los costos de los contratos de obra pública en función de la evolución de los precios de los insumos. El segundo eje se refiere a la definición de índices para la aplicación de la fórmula polinómica, que es el mecanismo que se utilizaría para calcular el ajuste de precios.
El tercer eje de trabajo se centra en la determinación de la vigencia de la norma, es decir, si el decreto supremo tendrá una duración permanente o temporal. Esta decisión es crucial para dar certidumbre a las empresas constructoras y permitirles planificar sus inversiones a largo plazo. Finalmente, el cuarto eje se refiere a la garantía de disponibilidad de recursos para la implementación del ajuste de precios, asegurando que el Gobierno cuente con los fondos necesarios para cubrir los costos adicionales.
A solicitud de los representantes del Ejecutivo, las partes resolvieron reinstalar la mesa técnica el próximo miércoles, 4 de febrero. En esa fecha, el Gobierno se comprometió a presentar observaciones o una nueva propuesta sobre el mecanismo de reajuste de precios.
Mientras se desarrollan las negociaciones, el sector constructor ha decidido dejar en suspenso las movilizaciones previstas, aunque mantiene el estado de emergencia a nivel nacional hasta obtener respuestas concretas que permitan viabilizar la medida y dar certidumbre a las empresas del rubro. La decisión de suspender las movilizaciones es una muestra de buena voluntad por parte del sector, que busca una solución dialogada a la crisis.
Sin embargo, los representantes de la construcción advierten que, si no se llega a un acuerdo en las próximas semanas, se verán obligados a retomar las protestas y a suspender definitivamente los trabajos en los proyectos de obra pública. Esta situación tendría graves consecuencias para la economía del país, ya que la construcción es un sector clave para la generación de empleo y el crecimiento económico.
La situación actual refleja una problemática más amplia en la gestión de los contratos de obra pública en Bolivia. La falta de cláusulas de ajuste de precios en los contratos ha sido una constante en los últimos años, lo que ha generado conflictos y retrasos en la ejecución de numerosos proyectos.
Expertos en derecho administrativo y contratación pública señalan que es fundamental incluir cláusulas de ajuste de precios en los contratos de obra pública para proteger a las empresas constructoras de los riesgos asociados a la volatilidad de los precios de los insumos. Estas cláusulas permiten ajustar los costos de los contratos en función de la evolución de los precios, garantizando que las empresas puedan cubrir sus costos y obtener una rentabilidad razonable.
Además, es importante contar con mecanismos transparentes y objetivos para la determinación de los índices de ajuste de precios, evitando la discrecionalidad y la corrupción. La fórmula polinómica es un mecanismo ampliamente utilizado en otros países para calcular el ajuste de precios en los contratos de obra pública, y podría ser una opción viable para Bolivia.
La resolución de esta crisis es crucial para garantizar la continuidad de los proyectos de obra pública y el desarrollo de la infraestructura en el país. El Gobierno y el sector constructor deben trabajar juntos para encontrar una solución que sea justa y equitativa para ambas partes, y que permita proteger los intereses de la economía boliviana.
El II Foro Nacional de Sostenibilidad e Innovación para el Sector de la Construcción, anunciado por Soboce, podría ser un espacio propicio para discutir estas problemáticas y buscar soluciones innovadoras para el sector. La sostenibilidad y la innovación son elementos clave para el desarrollo de una industria de la construcción más eficiente, competitiva y responsable con el medio ambiente.
La situación actual también pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la planificación y la gestión de los proyectos de obra pública en Bolivia. Es fundamental contar con estudios técnicos rigurosos, presupuestos realistas y una supervisión efectiva para garantizar la calidad y la eficiencia de los proyectos.
El futuro de la construcción en Bolivia depende de la capacidad del Gobierno y del sector privado para trabajar juntos en la búsqueda de soluciones a los desafíos que enfrenta el sector. La crisis actual es una oportunidad para repensar la gestión de los contratos de obra pública y construir una industria más sólida, sostenible y competitiva.
