Santiago, Chile – A poco de concluir su mandato, el Presidente Gabriel Boric enfrenta una creciente presión de legisladores de diversos sectores políticos para asegurar la correcta implementación de la Ley 21.575, que regula el autocultivo medicinal de cannabis y despenaliza su uso personal. Una carta firmada por 50 diputados, liderados por Ana María Gazmuri (Acción Humanista) y Jorge Brito (Frente Amplio), solicita la “intervención directa” del mandatario para poner fin a la criminalización persistente de pacientes y usuarios de cannabis medicinal en el país.
La misiva, enviada directamente al Presidente Boric, denuncia que, a pesar de la promulgación de la ley, la falta de protocolos claros y obligatorios para las fuerzas policiales y el Ministerio Público continúa generando allanamientos, detenciones y procesos penales injustificados contra personas que se acogieron a la normativa. Los diputados advierten sobre la incertidumbre jurídica, la aplicación desigual de la ley y el derroche de recursos estatales en una persecución que, según ellos, es contraria al espíritu de la legislación.
“A un mes de que termine el mandato del Presidente Boric, los pacientes y usuarios de cannabis medicinal siguen siendo criminalizados, perseguidos, encarcelados y procesados”, alertó la diputada Gazmuri en una conferencia de prensa realizada esta mañana. La legisladora enfatizó que la ley 21.575, aprobada por el Congreso y promulgada por el propio Boric, “sigue sin aplicación por la falta de protocolos a las policías y a la Fiscalía”.
Gazmuri explicó que la situación se agrava debido a que el gobierno aún no ha armonizado la clasificación del cannabis en el reglamento de la Ley 20.000, la normativa que regula las drogas en Chile. Actualmente, el cannabis se encuentra clasificado en la lista del artículo 1° de dicho reglamento, lo que permite interpretaciones penales que contradicen lo establecido en la Ley 21.575.
“¿Cuál es el efecto de esto? Que la Fiscalía, a pesar de la nueva normativa, sigue actuando de la misma manera persecutoria a raíz de la clasificación actual del cannabis”, enfatizó Gazmuri. La diputada señaló que la Corte Suprema ha tenido que corregir estas interpretaciones penales en numerosos procedimientos, lo que demuestra la incoherencia normativa existente.
El diputado Jorge Brito, por su parte, declaró que “la ley es clara, todos la debemos respetar”. Brito subrayó que los 50 diputados firmantes de la carta buscan asegurar que la ley se cumpla y que se realice el cambio de clasificación del cannabis, cumpliendo así con el compromiso asumido por el Presidente Boric de poner fin a la criminalización de los usuarios de cannabis en Chile.
La carta de los diputados plantea dos solicitudes concretas al Presidente Boric. En primer lugar, se exige asegurar la correcta aplicación de la ley respecto del autocultivo medicinal, estableciendo protocolos claros, obligatorios y coordinados entre las policías y el Ministerio Público. Estos protocolos deben garantizar que los allanamientos, las detenciones y los procesos penales contra pacientes y usuarios de cannabis medicinal se realicen únicamente en casos excepcionales y justificados, respetando plenamente sus derechos.
En segundo lugar, la carta solicita la reclasificación urgente del cannabis en el reglamento de la Ley 20.000, trasladándolo desde la lista del artículo 1° a la lista del artículo 2° del Decreto Supremo N° 867. Esta reclasificación permitiría armonizar la normativa y evitar las interpretaciones penales que actualmente dificultan la aplicación de la Ley 21.575.
Los diputados advierten que la mantención del cannabis en la lista del artículo 1° “constituye una incoherencia normativa que facilita interpretaciones penales que son corregidas por la Corte Suprema y ha vuelto inaplicable la ley en numerosos procedimientos”. Esta situación, según los parlamentarios, genera una profunda desconfianza en el sistema judicial y en las instituciones del Estado.
La presión sobre el gobierno de Boric aumenta a medida que se acerca el fin de su mandato. Organizaciones de pacientes y usuarios de cannabis medicinal han manifestado su frustración por la lentitud en la implementación de la ley y han anunciado movilizaciones para exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno.
La respuesta del gobierno a esta solicitud es crucial para el futuro de la política de drogas en Chile. Si el Presidente Boric no toma medidas concretas para asegurar la correcta aplicación de la Ley 21.575 y reclasificar el cannabis, la criminalización de pacientes y usuarios de cannabis medicinal podría continuar, socavando la confianza en las instituciones y generando una profunda frustración en la sociedad civil.
Expertos en derecho penal y políticas de drogas han señalado que la situación actual es insostenible y que es necesario un cambio urgente en la clasificación del cannabis para garantizar la aplicación efectiva de la ley. Argumentan que la mantención del cannabis en la lista del artículo 1° del reglamento de la Ley 20.000 es una anomalía jurídica que impide que la Ley 21.575 cumpla con su objetivo de proteger a los pacientes y usuarios de cannabis medicinal.
La polémica en torno a la implementación de la Ley 21.575 ha reabierto el debate sobre la necesidad de una regulación integral del cannabis en Chile. Algunos sectores políticos y sociales abogan por la legalización total del cannabis, argumentando que esta es la única forma de poner fin a la criminalización y generar ingresos fiscales para el Estado. Otros sectores se muestran más cautelosos y prefieren mantener una regulación restrictiva del cannabis, enfocada en el uso medicinal y terapéutico.
En cualquier caso, la presión sobre el gobierno de Boric para que cumpla con sus compromisos en materia de cannabis es cada vez mayor. La carta de los 50 diputados es un claro mensaje de que la sociedad civil y el Congreso Nacional esperan una respuesta contundente y urgente a esta problemática. El futuro de la política de drogas en Chile y la protección de los derechos de los pacientes y usuarios de cannabis medicinal están en juego.
