Santiago, Chile – La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, enfrenta una acusación sin precedentes en la historia judicial chilena. Este viernes, un tribunal definirá si aplicará la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, tras formalizar cargos en su contra por cohecho reiterado y lavado de activos. Los hechos, que se remontan a 2023 y 2024, están relacionados con un litigio entre el Consorcio Dielorruso Belz Movitec (CBM) y la estatal Codelco, y podrían significar un punto de inflexión en la percepción de la integridad del poder judicial.
La investigación, que ha sacudido los cimientos del sistema judicial, se centra en la disputa por un pago que CBM exigía a Codelco por la finalización anticipada de un contrato de movimiento de tierras. Según la Fiscalía, Vivanco, en su rol como integrante y presidenta subrogante de la Tercera Sala de la Corte Suprema, habría influido en la emisión de fallos favorables al consorcio, lo que finalmente resultó en un pago de 17 mil millones de pesos desde la cuprífera estatal a la empresa bielorrusa.
Lo que ha llamado particularmente la atención de los investigadores es la rapidez con la que se tramitó el caso en la sala presidida por la exministra. Codelco había logrado defender sus intereses en todas las instancias previas, pero el fallo en la Tercera Sala revirtió esa situación de manera inusual, generando sospechas sobre una posible influencia externa.
La Fiscalía sostiene que Vivanco habría asegurado estos fallos a través de coimas pagadas por CBM de forma indirecta. El esquema de pago, según la acusación, involucró un cheque emitido por Eduardo Lagos, representante de CBM junto con el abogado Mario Vargas, a un intermediario de una casa de cambio. Este intermediario habría entregado el dinero en efectivo a Gonzalo Migueles, pareja de la exministra.
Posteriormente, Migueles habría transferido los fondos a los conservadores de bienes raíces, Yamil Najle y Sergio Yaber, quienes a su vez habrían devuelto los montos a través de transferencias bancarias. Estas transferencias, según la investigación, se utilizaron para el pago de tarjetas de crédito internacionales de Vivanco, viajes al extranjero y la adquisición de divisas fuera de Chile.
Los delitos imputados a Vivanco son lavado de activos, cohecho y soborno, y la Fiscalía ha argumentado que existen “antecedentes suficientes que justifican la existencia del delito, así como también que permiten presumir fundadamente la participación de ella en calidad de autora”. El fiscal Marcos Muñoz enfatizó que se cumplen los requisitos del artículo 140 del Código Procesal Penal para solicitar la prisión preventiva.
La gravedad de los cargos y el impacto potencial de las acciones atribuidas a una exministra de la Corte Suprema han sido factores determinantes en la solicitud de la Fiscalía. Además, durante la formalización, se revelaron conductas que han levantado aún más sospechas, como el borrado de conversaciones, el reseteo de dispositivos electrónicos y la solicitud de eliminación de mensajes por parte del secretario personal de Vivanco, todo ello previo a la entrega de los teléfonos a las autoridades policiales.
Estos antecedentes, según la Fiscalía, demuestran una clara intención de obstruir la investigación y refuerzan la necesidad de aplicar una medida cautelar más severa, como la prisión preventiva. La preocupación radica en que, dada la influencia y los recursos de la acusada, existe un riesgo real de que continúe con acciones para entorpecer el proceso judicial o incluso huya del país.
El caso ha generado una ola de indignación en la opinión pública y ha puesto en tela de juicio la independencia y la transparencia del poder judicial. La posibilidad de que una exministra de la Corte Suprema sea encarcelada por delitos de corrupción representa un golpe duro a la credibilidad de las instituciones y podría tener consecuencias a largo plazo en la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.
La lectura de las medidas cautelares, programada para el mediodía de este viernes, será un momento crucial en el desarrollo de esta investigación. El tribunal deberá evaluar cuidadosamente los argumentos de la Fiscalía y de la defensa, así como los antecedentes presentados, para determinar si la prisión preventiva es la medida adecuada para asegurar el cumplimiento de la ley y proteger la integridad del proceso judicial.
La defensa de Ángela Vivanco, por su parte, ha negado categóricamente las acusaciones y ha argumentado que no existen pruebas suficientes para justificar la prisión preventiva. Se espera que presenten argumentos en favor de medidas cautelares menos restrictivas, como la prohibición de salir del país o el arresto domiciliario.
Independientemente de la decisión que tome el tribunal, este caso ya ha dejado una marca imborrable en la historia judicial de Chile y ha abierto un debate necesario sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el poder judicial para prevenir y combatir la corrupción. La sociedad chilena espera con atención el desenlace de este caso y confía en que la justicia se aplique con rigor y sin importar el rango o la influencia de los involucrados.
