José Luna Gálvez, candidato presidencial por Podemos Perú, enfrenta una creciente presión legal que amenaza con descarrilar su campaña. A pesar de una acusación formal por parte del Ministerio Público que solicita 22 años y 8 meses de prisión, Luna Gálvez continúa su recorrido electoral, intensificando su presencia en regiones clave como Andahuaylas, Huancavelica, Ayacucho, Ica y Lima. La acusación se deriva de investigaciones iniciadas en 2018, relacionadas con los audios del caso “Cuellos Blancos del Puerto”, que involucran presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos y corrupción.
El caso se divide en múltiples expedientes. El denominado “Caso ONPE” acusa a Luna Gálvez de crimen organizado y cohecho activo específico, alegando que buscó copar el sistema electoral entre 2016 y 2017 para inscribir su partido, Podemos por el Perú, ante la ONPE. La fiscalía sostiene que existía una “finalidad criminal” detrás de esta acción. Un segundo expediente se centra en pagos y cesiones de derechos de publicación al exconsejero Iván Noguera, del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), con el objetivo de influir en el nombramiento del exjefe de ONPE, Carlos Castillo Meza. Además, se investiga un presunto delito de lavado de activos vinculado al partido Solidaridad Nacional de Luis Castañeda Lossio, a través de la Universidad Telesup, donde se alega que Luna Gálvez habría recibido y lavado aportes ilícitos.
A pesar de estas graves imputaciones, Luna Gálvez ha logrado mantener una presencia constante en el Congreso de la República, enfrentando las investigaciones sin interrupción de su carrera política. Su discurso en Andahuaylas, donde se describió como un “cholo huancavelicano” que busca servir y trascender en la política, refleja su intento de conectar con un electorado que se identifica con sus orígenes y su mensaje de cambio.
Sin embargo, la situación legal de Luna Gálvez se ha complicado aún más con una reciente orden judicial que levanta el secreto bancario de sus cuentas, las de la Universidad Telesup y las de otros involucrados. Esta medida, solicitada por la Fiscalía, forma parte de una investigación más amplia sobre bienes inmuebles y dinerarios que podrían ser producto de flujos ilegales de dinero acumulados durante los últimos 16 años. La Fiscalía busca rastrear el origen y destino de fondos que podrían estar vinculados a diversos delitos cometidos por el candidato presidencial.
El Comercio intentó obtener una declaración de Eduardo Barriga, abogado de Luna Gálvez, pero no recibió respuesta hasta el cierre de esta edición.
Los documentos judiciales a los que accedió El Comercio revelan que la Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima solicitó el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil desde el 1 de enero de 2009 hasta el 22 de agosto de 2025. Este requerimiento se originó en un proceso de extinción de dominio inicialmente dirigido contra los bienes de Luis Castañeda Lossio, el fallecido exalcalde de Lima. Sin embargo, la fiscalía amplió la investigación al identificar aportes a la campaña de Castañeda Lossio provenientes de Luna Gálvez, Telesup, y las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, todas ellas involucradas en casos de corrupción y lavado de activos.
Según la fiscalía, OAS habría entregado $480,000 y Odebrecht $500,000 a la campaña de Castañeda Lossio. Además, reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indican que Castañeda Lossio canalizó S/ 1,759,800 a través de su cuenta bancaria y recibió cheques por un total de S/ 256,600 de la Universidad Telesup entre marzo de 2011 y marzo de 2016. La UIF considera estas transacciones “particularmente sospechosas”, dado que Telesup es propiedad de José León Luna Gálvez, quien era financista de la campaña municipal de Castañeda Lossio y secretario general de su partido.
El Juzgado Permanente Especializado en Extinción de Dominio consideró que existen “elementos de convicción” que sugieren que los bienes investigados podrían estar vinculados a actividades ilícitas. El juzgado enfatizó que, en esta etapa del proceso, no se requiere una prueba plena, sino una “alta probabilidad” de vinculación. La investigación se centra en siete bienes, incluyendo un inmueble en Santiago de Surco, dos vehículos Nissan, los aportes de OAS y Odebrecht, S/ 256,000 de Telesup, y acciones de un inmueble en Chiclayo.
El juzgado aclaró que, aunque Luna Gálvez, Telesup y otras personas no son formalmente requeridas en la indagación patrimonial, pueden ser objeto de afectación de sus derechos si se determina su participación en los presuntos actos ilícitos. “Es cierto que el presente requerimiento puede aplicarse a ellos como familiares y allegados; así también, como las personas que habrían participado en las actividades ilícitas, ello a fin de determinar los ingresos y el destino del dinero maculado que habría recibido Oscar Luis Lossio Castañeda, dinero que podría haberse convertido en muebles o inmuebles”, señaló el juzgado.
La resolución judicial ordena recabar información sobre Luna Gálvez y Telesup desde el 1 de enero de 2009 hasta el 22 de agosto de 2025, solicitando a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora de Fondo de Pensiones (SBS) que requiera a las entidades bancarias información detallada sobre sus operaciones financieras.
Paralelamente, el juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación, tiene programada para el 30 de enero la audiencia de control de acusación en el “Caso ONPE”. En este proceso, la fiscalía ha solicitado 22 años y 8 meses de cárcel para Luna Gálvez, acusándolo de organización criminal y cohecho activo específico en agravio del Estado. La fiscalía describe una organización criminal liderada por Luna Gálvez, integrada por 21 personas naturales y 2 jurídicas, que operó desde noviembre de 2014 hasta 2020, con el objetivo de obtener poder político y económico.
Luna Gálvez, a través de su abogado, ha rechazado las acusaciones, argumentando que las pruebas presentadas por la fiscalía son insuficientes para justificar su enjuiciamiento y solicitando el sobreseimiento del caso. También ha objetado la reparación civil solicitada por la Procuraduría Pública, que asciende a S/ 11,700,000.
Además de estos procesos, Luna Gálvez ha interpuesto diversos recursos para anular las investigaciones por lavado de activos relacionadas con los presuntos aportes ilícitos de OAS y Odebrecht. Ha solicitado la suspensión de la acción penal, lo cual ha sido rechazado por el Ministerio Público. Una audiencia sobre este tema está programada para el 8 de abril.
Finalmente, Luna Gálvez ha recurrido al Tribunal Constitucional (TC) para anular los tres procesos vinculados a los casos “Onpe”, “Aportes” y “Pagos a ex consejeros del exCNM”. El TC revocó una resolución anterior que había ordenado archivar los casos y dispuso que continúen su curso. La fecha para la audiencia de sustentación en el TC aún no ha sido fijada. La acumulación de estos procesos judiciales representa un desafío significativo para la candidatura presidencial de José Luna Gálvez, poniendo en duda su viabilidad y credibilidad ante el electorado.
