El Gobierno nacional se prepara para declarar la Emergencia Ígnea a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), en respuesta a los devastadores incendios que azotan la Patagonia. La decisión, confirmada por tres fuentes de alto nivel de la Casa Rosada, se tomó tras una reunión de la Mesa Política encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y con la participación de figuras clave del gabinete y del Congreso. Si bien los gobernadores patagónicos habían solicitado formalmente al Congreso una Declaración de Emergencia Ígnea, la administración actual priorizará la vía del DNU, argumentando la urgencia de la situación y la necesidad de una respuesta rápida y eficiente.
La reunión de la Mesa Política, que se extendió por una hora y media, tuvo como objetivo principal definir la estrategia para abordar los proyectos políticos más importantes, pero la Emergencia Ígnea se convirtió en un tema central. La decisión de optar por el DNU se habría tomado la noche del miércoles, lo que aceleró el proceso y dejó a los gobernadores esperando una respuesta que, inicialmente, se esperaba para este jueves. La demora en la formalización del decreto se debe, según fuentes internas, a la definición de los fondos que se cederán para combatir los incendios.
La última vez que se declaró la Emergencia Ígnea fue en diciembre de 2022, a través del Decreto 2/2023 firmado por el entonces presidente Alberto Fernández, con una vigencia que finalizó el 13 de enero de 2024. La nueva declaración busca reestablecer las herramientas excepcionales para la gestión del riesgo, la protección civil y la asistencia a las comunidades afectadas, que se vieron interrumpidas con la expiración del decreto anterior.
Entre los participantes de la Mesa Política se destacaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem (a través de Zoom); la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La presencia de representantes del Congreso, aunque virtual en el caso de Menem, subraya la importancia de la coordinación entre los poderes del Estado en la gestión de la crisis.
Paralelamente a la decisión de avanzar con el DNU, el Gobierno ha enfatizado que ya está enviando ayuda a las provincias afectadas. En las últimas horas, la provincia de Chubut, una de las más golpeadas por los incendios, recibió 4.000 millones de pesos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Además, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, que establece medidas para fortalecer el financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país.
La resolución destinará un total de 100.810.319.998,50 pesos a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, distribuidos entre 1.062 asociaciones con una asignación de 94.924.971,75 pesos cada una. Las entidades de segundo grado provinciales, que agrupan a las federaciones provinciales, recibirán 7.754.639.995,93 pesos. Esta medida, firmada el martes pasado, busca fortalecer la capacidad de respuesta de los bomberos voluntarios, que juegan un papel crucial en la lucha contra los incendios.
El pedido formal de Declaración de Emergencia Ígnea fue realizado por los gobernadores de Chubut (Ignacio Torres), La Pampa (Sergio Ziliotto), Río Negro (Alberto Weretilneck), Neuquén (Rolando Figueroa) y Santa Cruz (Claudio Vidal), de diferentes signos políticos, lo que demuestra la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta unificada. La iniciativa buscaba establecer la declaración de zona de desastre para los territorios afectados, habilitando así el uso de herramientas excepcionales para la gestión del riesgo, la protección civil y la asistencia a las comunidades damnificadas.
Si bien el Gobierno reconoce que el pedido de los gobernadores no fue el disparador de la medida, sí se considera que contribuyó a mitigar las críticas sobre la política oficial en relación con los incendios en la Patagonia. “Estamos tratando de contrarrestar un poco las críticas sobre los incendios. Las balas en esos temas entraron”, admitió una fuente inobjetable, en referencia a la presión mediática y política que ha ejercido la oposición y algunos sectores de la sociedad civil.
La decisión de avanzar con el DNU, en lugar de someter la Declaración de Emergencia Ígnea al Congreso, se justifica por la urgencia de la situación y la necesidad de una respuesta rápida. Según fuentes gubernamentales, el proceso legislativo podría demorar dos sesiones, lo que retrasaría la implementación de las medidas necesarias para combatir los incendios y asistir a las comunidades afectadas. El DNU, en cambio, permitiría una acción inmediata, aunque su validez estará sujeta a la ratificación del Congreso en un futuro cercano.
La situación en la Patagonia sigue siendo crítica, con miles de hectáreas de bosques y pastizales arrasadas por las llamas. Los incendios han provocado la evacuación de comunidades enteras, la pérdida de animales y cultivos, y graves daños a la infraestructura. La declaración de Emergencia Ígnea, a través del DNU, es un paso importante para movilizar recursos y coordinar esfuerzos en la lucha contra los incendios, pero también es fundamental abordar las causas subyacentes de estos eventos, como el cambio climático, la falta de prevención y la gestión inadecuada de los recursos naturales. El Gobierno se enfrenta al desafío de responder a la emergencia inmediata, al tiempo que establece políticas a largo plazo para prevenir futuros incendios y proteger el medio ambiente.
