Milagro Amalia Ángela Sala, la histórica dirigente social de la organización Tupac Amaru, cumplirá el próximo viernes 10 años de prisión. Detenida en enero de 2016, poco más de un mes después de la asunción de Gerardo Morales como gobernador de Jujuy, Sala ha sido víctima de una implacable persecución judicial que la ha mantenido encarcelada durante una década.
La dirigente social fue condenada en 2023 a una pena unificada de 15 años de prisión efectiva por dos causas: amenazas telefónicas a una comisaría en 2014 y supuesto desvío de fondos públicos para la construcción de viviendas sociales entre 2013 y 2015. Estas condenas, ratificadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, han sido ampliamente cuestionadas por organizaciones de derechos humanos y la comunidad jurídica, quienes denuncian que se trata de un claro caso de persecución política.
Actualmente, Sala se encuentra internada en el Hospital San Roque de Gonnet, en La Plata, luego de sufrir una "descompensación generada por una acumulación de presiones" y "una desestabilización anímica muy fuerte por múltiples factores", según su médico personal, Jorge Rachid. Entre estos factores se encuentran las amenazas que ha recibido para desalojar su vivienda y, principalmente, la "persecución y acoso bestial" que aún ejerce sobre ella la Justicia jujeña.
Alejandra Cejas, abogada del equipo jurídico que asiste a Sala, denunció que fiscales y jueces de Jujuy han intentado tomarle declaración e incluso obligarla a participar de audiencias virtuales desde el hospital, sin importar su delicado estado de salud. "Quieren que Milagro se presente frente a una cámara, aunque sea con grilletes, tipo Hannibal Lecter", graficó Cejas.
Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el "escenario de persecución y hostigamiento" construido por el Poder Ejecutivo provincial y las autoridades judiciales ha tenido "consecuencias graves para la salud y la integridad física de Milagro". Rachid, médico y amigo de Sala, reveló que además de los problemas de salud derivados de la persecución, la dirigente social atraviesa un duelo por la muerte de su hijo Sergio y de su compañero de vida, Raúl Noro.
A pesar de haber cumplido los dos tercios de su condena, Sala aún no ha podido obtener la libertad condicional, debido a la "voracidad de la Justicia jujeña por mantenerla presa a toda costa", según su médico. La abogada Cejas calificó el caso de Sala como "la excusa que usan por haber construido una provincia con altos índices de corrupción, sin que los imputados políticos hayan cumplido cárcel".
Organizaciones de derechos humanos como el CELS y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han denunciado y monitoreado el caso de Milagro Sala durante estos 10 años, exigiendo al Estado argentino que garantice su integridad física y psicológica. Sin embargo, el acoso y la criminalización de la dirigente social parecen no tener fin.
