En una década, las plantillas del sector público en la provincia de Córdoba han crecido un 17,5%, superando por primera vez la barrera de los 50.000 trabajadores. Según datos oficiales, Córdoba ya cuenta con 51.522 empleados públicos, la cifra más alta registrada hasta la fecha.
El nuevo máximo histórico aparece en el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, elaborado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Los datos, correspondientes a julio de 2025, muestran un aumento de 7.657 trabajadores en solo 10 años.
Este crecimiento no se ha distribuido de forma uniforme a lo largo del año. Los balances de mitad de ejercicio tienden a situarse por encima de los de enero: en los primeros seis meses de 2025, el empleo público en la provincia subió un 5,1%, lo que se traduce en 2.501 personas más.
El impulso más fuerte en ese semestre llegó desde el ámbito municipal y provincial. Ayuntamientos y diputaciones fueron los que más ampliaron plantilla, con 1.279 puestos adicionales, al pasar de 10.182 a 11.461 empleados.
Por su parte, la Junta de Andalucía pasó de 30.836 a 31.789 empleados en Córdoba, con 953 más. El Gobierno central, por su parte, subió de 8.003 a 8.272, lo que implica 269 incorporaciones.
La mayor parte del empleo público cordobés, el 61,7%, depende de la Administración autonómica. Las administraciones locales representan el 22,2%, mientras que la Administración estatal aporta el 16,0% restante.
Otro dato relevante es que las mujeres son mayoría en el sector público de la provincia, con el 54,7% del total de trabajadores. Sin embargo, esta tendencia varía según el nivel de administración: en la Junta la ventaja femenina es muy amplia, mientras que en el Gobierno central predominan los hombres.
Este aumento del empleo público llega en un momento en el que este tipo de puestos gana atractivo por factores como la estabilidad laboral, los horarios regulados y la conciliación. De hecho, un estudio reciente señala que siete de cada diez trabajadores en España dejaría su empleo por conseguir una plaza fija en el sector público.
