La justicia hondureña ha impuesto cadena perpetua a dos miembros de una banda criminal dedicada a la extorsión, luego de que su accionar culminara en el asesinato de una comerciante que se negó a pagar el "impuesto ilegal" exigido. Esta sentencia marca un precedente histórico en el país, siendo la primera vez que se dicta prisión de por vida en un caso donde la extorsión derivó en homicidio.
Durante años, la extorsión ha operado como un flagelo en Honduras, donde comerciantes, transportistas y emprendedores han vivido bajo un sistema paralelo de cobros ilegales sostenido por amenazas y violencia. Sin embargo, el asesinato de la comerciante de San Pedro Sula obligó al sistema judicial a abordar este delito en toda su crudeza, entendiendo que la extorsión no solo roba dinero, sino que también cobra vidas.
El tribunal declaró culpables a Jeffrey Francisco Vázquez Muñoz y Wilmer Ariel Velásquez Funes, y además de la cadena perpetua, les impuso 20 años adicionales por asesinato y robo agravado, junto a una multa millonaria. Esta sentencia envía una señal directa a las bandas criminales: cuando la extorsión termina en muerte, la respuesta del Estado será inquebrantable.
Especialistas en seguridad coinciden en que la sentencia no erradicará la extorsión por sí sola, pero sí cambia las reglas del juego y reduce los márgenes de impunidad que han sostenido a estas estructuras. El desafío ahora es sostener el precedente, para que la cadena perpetua no sea una excepción, sino una herramienta real frente a los casos más graves.
Si este precedente se mantiene, Honduras podría estar ante un cambio significativo en su lucha contra el crimen organizado, donde el terror ya no tendrá siempre la última palabra.
