El atraso en los pagos del Estado ecuatoriano ha alcanzado niveles alarmantes, representando hasta el 6,6% de la deuda pública total, según revelan los últimos reportes. Estas demoras en los desembolsos se deben principalmente a la falta de capacidad para contratar suficiente deuda y cubrir los gastos ejecutados.
En 2019, los atrasos de años anteriores representaban en promedio USD 700 millones, una cifra mucho menor a la de los últimos años. Sin embargo, a partir de 2021 se incorporó el atraso del año en ejecución, lo que hizo que este rubro se convirtiera en una fuente importante de financiamiento para el Gobierno.
Frente al tamaño de la economía medido por el PIB, los atrasos pasaron de representar el 3% en diciembre de 2022 al 4,5% en diciembre de 2024. Y en relación a la deuda pública total, en el mismo período pasaron del 4,7% al 6,6%. Desde 2023, los atrasos fueron tan grandes como la totalidad del déficit fiscal.
Para tener una referencia, los atrasos equivalen a la mitad de los USD 10.000 millones que el país debe al Fondo Monetario Internacional (FMI), y el doble de lo que se adeuda a China.
Estos atrasos no son "gratis" para el Estado, ya que los contratistas que enfrentan demoras en sus pagos tienden a incrementar los costos de sus obras para poder financiar esos retrasos. Además, los recursos que no llegan a tiempo a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) tampoco se traducen en obras para la población.
Según los expertos, los atrasos podrían disminuir si la planificación financiera fuera menos complicada y la deuda pudiera contratarse con mayor anticipación, en lugar de concentrarse en la última quincena de diciembre, como ocurrió el mes pasado cuando se recibieron más de USD 2.500 millones de nueva deuda.
Hay también otros compromisos que no llegan a ser atrasos tangibles, pero que tienen impactos cuantificables, como el caso de los USD 947 millones que el Presupuesto General del Estado no asigna a las contribuciones del IESS, lo que afectará la programación original en favor de sus afiliados y jubilados.
En resumen, los atrasos en los pagos del Estado ecuatoriano han alcanzado niveles preocupantes, representando hasta el 6,6% de la deuda pública total. Estas demoras tienen implicaciones económicas y sociales más allá del simple ahorro en costos financieros, afectando a contratistas, GAD y al propio sistema de Seguridad Social.
