La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se encuentra en el centro de una fuerte polémica luego de que firmara un decreto que ordena un nuevo escrutinio de votos de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre. La medida ha sido duramente criticada por la oposición, que la acusa de "complicidad" en un proceso que consideran "ilegal".
Tomás Zambrano, diputado y candidato a la presidencia del Congreso Nacional por el Partido Nacional, envió un contundente mensaje a Castro a través de su cuenta en la red social X. Zambrano aseguró que al firmar el decreto, la mandataria se convierte en "cómplice" de un proceso que calificó como ilegal.
"Al sancionar un decreto ilegal, aprobado por una sesión ilegal, sin quórum y sin los votos necesarios, se convierte usted en cómplice", expresó el dirigente nacionalista. Zambrano sostuvo que, hasta antes de la firma presidencial, Castro se había mantenido al margen de las supuestas ilegalidades cometidas por diputados afines a su gobierno, pero que con esta decisión pasa a formar parte de los responsables.
En ese sentido, le exigió respetar la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) e iniciar el proceso de transición democrática. "Cumpla con su palabra de aceptar la declaratoria del CNE, inicie el proceso de transición democrática, entregue el poder al ganador de las elecciones, Tito Asfura, y salga por la puerta grande", afirmó, advirtiendo que de no hacerlo "el futuro la va a marcar junto con su esposo como el peor error que ha cometido el pueblo hondureño".
Las declaraciones de Zambrano surgen luego de que la propia Xiomara Castro se dirigiera al pueblo hondureño para explicar las razones por las cuales sancionó el decreto aprobado por 69 diputados del Congreso Nacional. Según la mandataria, la decisión responde a la negativa del CNE de realizar el escrutinio de miles de actas electorales.
Castro afirmó que el CNE se negó "injustificadamente" a escrutar 4,774 actas, las cuales, según dijo, representan el voto de 1,558,689 ciudadanos en los tres niveles electorales, lo que supuestamente constituye una violación a la soberanía popular.
"Esta omisión usurpa la soberanía popular y desconoce sin causa legal el voto de más de un millón de hondureños", señaló, asegurando que su deber constitucional es defender el sufragio hasta el último día de su mandato, que culmina el 27 de enero de 2026.
La presidenta también cuestionó que el CNE no resolviera 292 impugnaciones relacionadas con presuntas inconsistencias electorales y denunció que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) negó el conteo de 435 urnas correspondientes, entre otros, al alcalde capitalino Jorge Aldana, actuando según ella sin integrar debidamente su pleno.
"Más de un millón de electores han quedado en estado de indefensión", afirmó Castro, quien aseguró que no será "cómplice del cinismo institucional" de órganos electorales que, a su juicio, han fallado en garantizar el derecho a elegir y ser electo.
En su pronunciamiento, Castro defendió que el decreto busca garantizar el conteo de todos los votos emitidos y reiteró que respeta la alternabilidad en el ejercicio del poder. Asimismo, anunció su intención de invitar al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, a una audiencia o llamada directa para abordar la situación electoral de Honduras, ante lo que calificó como "falsas informaciones" y recientes mensajes del Departamento de Estado.
El intercambio de señalamientos entre el oficialismo y la oposición se produce en un contexto de alta tensión política e institucional, marcado por cuestionamientos al proceso electoral, al rol de los órganos electorales y a la transición de mando prevista para finales de enero.
