El estudio desarrollado por Katherine Herrera Aguilar, junto a la Fundación Konrad Adenauer, deja una lección incómoda para el Ecuador: el crimen organizado no siempre necesita violencia visible para imponerse. A veces, su mayor fortaleza es el silencio.
El análisis invita a mirar más allá de las cifras con las que solemos medir la seguridad, ya que reducir el análisis a los homicidios puede llevarnos a conclusiones equivocadas. Existen territorios donde no hay masacres ni titulares diarios, pero sí control criminal, economías ilegales consolidadas y comunidades atrapadas en una aparente normalidad. Allí, la ausencia de violencia no es sinónimo de paz, sino señal de dominio.
Cuando el crimen alcanza estabilidad, deja de disparar. Prefiere regular la vida cotidiana, infiltrar economías locales, ofrecer empleo informal y reemplazar al Estado en funciones básicas. Ese orden impuesto puede parecer tranquilidad, pero en realidad es una paz frágil y profundamente injusta, sostenida en el miedo, la necesidad y la falta de alternativas reales.
Esta mirada interpela directamente a la política pública. Durante años, el Estado ecuatoriano ha reaccionado donde la violencia estalla, concentrando recursos donde el fuego es visible, mientras descuida zonas donde el crimen aprendió a operar sin ruido. Allí el daño no se mide en muertos, sino en la erosión del contrato social y en la normalización de lo ilegal como forma de vida.
El mayor riesgo es confundir la calma con control estatal. Cuando celebramos cifras sin mirar economías ilícitas o captura social, terminamos administrando una ilusión de seguridad. Comunidades enteras aprenden que el orden y la protección no provienen de la ley, sino de estructuras criminales que ocupan los vacíos del Estado.
Este trabajo es una advertencia y propuesta política que nos obliga a repensar cómo entendemos la seguridad y qué indicadores usamos para gobernar, porque no toda violencia hace ruido y no toda paz es verdadera. Es hora de mirar más allá de las estadísticas y enfrentar la realidad del dominio criminal en ciertas zonas del país, para poder diseñar políticas públicas efectivas que recuperen el control y la confianza de la ciudadanía.
