La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso el congelamiento administrativo de activos vinculados al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, una medida inédita en el país y Latinoamérica.
Esta decisión se enmarca en el decreto publicado esta semana que estableció un mecanismo estricto para la detección y reporte inmediato de operaciones sospechosas. En términos prácticos, la resolución 3/2026 obliga a entidades financieras, casas de cambio, remesadoras, empresas de transporte de caudales, emisores y proveedores de servicios de cobros y pagos, y prestamistas no financieros, a inmovilizar y prohibir la disposición, transferencia o manejo de los activos detectados.
El congelamiento se sustenta en la inclusión, en 2024, del delito de "financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva" en el Código Penal, en línea con las facultades otorgadas al Consejo de Seguridad de la ONU para adoptar este tipo de medidas. Una vez notificados, los sujetos obligados deben cotejar sus bases de datos, informar sobre operaciones previas y posteriores, y mantener bloqueados los bienes o activos detectados.
Según la UIF, esta medida responde a información de inteligencia financiera recibida del exterior y a la investigación local, y representa un precedente de relevancia internacional, siendo la primera acción de este tipo aplicada en Latinoamérica. El Presidente Javier Milei reafirmó el compromiso del Estado con el orden, la seguridad y el combate contra el delito internacional.
La vigencia del congelamiento se mantiene mientras las personas o entidades afectadas sigan integrando las listas sancionadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, y las solicitudes de descongelamiento deberán tramitarse ante la justicia federal. El incumplimiento de estas obligaciones podría derivar en sanciones económicas o inhabilitación.
