El municipio de Lanús, gobernado por el intendente ultrakirchnerista Julián Álvarez, destinó $150 millones a publicidad oficial en redes sociales y plataformas digitales, justo antes de las elecciones legislativas de 2025. Este millonario gasto, formalizado por decreto, ha encendido la polémica sobre el uso de fondos públicos en períodos electorales.
La contratación, adjudicada directamente a la firma OANA S.A.S., incluyó la implementación de pautas en Meta, YouTube Ads y plataformas programáticas, además de la producción y difusión de piezas gráficas y textos con contenidos institucionales. El decreto señala que el gasto se financió con recursos corrientes del presupuesto municipal.
Según el documento, el contrato tuvo una duración de tres meses consecutivos, coincidiendo con el tramo más sensible del calendario político previo a los comicios de septiembre en los que se eligieron legisladores provinciales y concejales. Esta millonaria inversión en publicidad digital se concretó en paralelo al despliegue de la campaña electoral del oficialismo de la provincia de Buenos Aires, que resultó ampliamente victorioso.
La decisión del municipio de Lanús ha generado una fuerte polémica, ya que la Ley Orgánica de las Municipalidades permite excepciones a la licitación competitiva en el caso de la publicidad oficial, lo que posibilitó esta contratación directa. Expertos en la materia cuestionan el uso de fondos públicos con fines electorales y advierten sobre los riesgos de la concentración de la pauta oficial en períodos clave.
"Es una práctica que se ha visto en otros distritos y que genera mucha preocupación, ya que se utiliza el dinero de todos los ciudadanos para favorecer intereses políticos", señaló un analista consultado por Clarín. "Esto pone en duda la transparencia y la equidad del proceso electoral", agregó.
La oposición también ha criticado duramente esta decisión, calificándola como un "uso abusivo" de los recursos públicos. "Es inaceptable que se destinen $150 millones a propaganda política justo antes de las elecciones. Esto es un claro intento de influir en el resultado", declaró un concejal de la oposición.
El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires deberá analizar la documentación de esta contratación, aunque este control es posterior y no impide la ejecución inmediata de la pauta. Mientras tanto, la polémica continúa y expone los riesgos de la concentración de la publicidad oficial en manos del poder político.
