El Ejecutivo ha decidido apostar por una vía alternativa a la reforma constitucional que establecía un umbral del 5% para la supervivencia de los partidos políticos, la cual quedó prácticamente descartada tras la fuerte oposición de sectores oficialistas y de la oposición. En su lugar, el Gobierno ha enviado al Congreso una reforma legal que, si bien no disuelve partidos existentes, endurece significativamente los requisitos para la formación de nuevas colectividades.
La decisión del Gobierno se produce en un contexto en el que más de la mitad de los 25 partidos legalmente constituidos en Chile podrían desaparecer en los próximos meses, debido a que no alcanzaron el mínimo de votos o de parlamentarios exigidos por la ley actual. Entre los partidos en riesgo se encuentran emblemáticas colectividades como el Partido Radical, Evópoli, Demócratas, el Partido Humanista y la Federación Regionalista Verde Social, entre otros.
Ante este escenario, el Ejecutivo ha optado por concentrarse en su propia reforma legal, la cual ya fue despachada por el Senado y se encuentra en trámite acelerado en la Cámara de Diputados. A diferencia de la fallida reforma constitucional, esta nueva iniciativa no disuelve partidos existentes ni impide que parlamentarios electos asuman sus cargos, pero sí endurece significativamente los requisitos para la formación de nuevas colectividades.
Entre las principales medidas de la reforma legal se encuentran el fortalecimiento de los presidentes de partido, quienes tendrán un mayor control sobre sus militantes, y la exigencia de un mayor número de firmas y de presencia territorial para la inscripción de nuevos partidos. Asimismo, se establece una mayor barrera económica, al requerir un mayor aporte inicial y cuotas anuales más elevadas.
La reforma ha generado fuertes críticas de partidos pequeños y de sectores independientes, quienes la han calificado como una "ley de amarre" y un "oligopolio político" que beneficia a los partidos tradicionales y dificulta la entrada de nuevas fuerzas. Desde el Gobierno, en tanto, se defiende la necesidad de ordenar el sistema político, argumentando que la excesiva fragmentación ha dificultado la gobernabilidad y la capacidad de llegar a acuerdos.
Cabe mencionar que, si bien el proyecto del umbral del 5% quedó prácticamente descartado, algunos sectores del oficialismo, como el senador Gastón Saavedra (PS), no lo han dado por perdido por completo, señalando que "siempre existe la posibilidad de la sorpresa" en los futuros acuerdos entre comités.
En todo caso, el Gobierno parece haber apostado por una estrategia más gradual y menos drástica que la reforma constitucional, buscando ordenar el sistema político sin pasar la "motosierra" de la disolución de partidos existentes. Sin embargo, la tensión con una Cámara de Diputados a la defensiva, donde muchos ven en esta reforma una amenaza a su supervivencia política, augura un debate intenso en las próximas semanas.
