El gobierno de Honduras ha sancionado y publicado oficialmente el decreto que ordena un escrutinio especial de más de 19 mil actas del proceso electoral general realizado en el país. Esta medida, aprobada por el Congreso Nacional menos de 24 horas antes, busca revisar a fondo los resultados de los comicios y garantizar la transparencia del proceso.
La decisión se dio luego de que surgieran diversas denuncias e irregularidades durante la jornada electoral, lo que generó cuestionamientos sobre la legitimidad de los resultados. Ante esta situación, las autoridades han decidido tomar acciones concretas para recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático.
El decreto establece que el escrutinio especial deberá realizarse en un plazo no mayor a 30 días, con la participación de observadores internacionales y representantes de todos los partidos políticos. Se revisarán minuciosamente cada una de las 19 mil actas electorales, con el objetivo de identificar posibles inconsistencias o anomalías que puedan haber afectado el resultado final.
"Es fundamental que el pueblo hondureño tenga la certeza de que su voluntad fue respetada en las urnas", declaró el presidente del Congreso Nacional. "Por eso hemos tomado esta decisión, para que se lleve a cabo un proceso de escrutinio exhaustivo y transparente que permita despejar cualquier duda".
La oposición, por su parte, ha celebrado la medida y ha manifestado su disposición a colaborar en todo el proceso. Algunos líderes opositores han señalado que esta es una oportunidad única para restablecer la credibilidad del sistema electoral hondureño.
"Hemos insistido desde el principio en la necesidad de un recuento minucioso, y ahora el gobierno ha escuchado nuestro reclamo", afirmó el candidato presidencial de la principal fuerza opositora. "Esperamos que este ejercicio permita aclarar las irregularidades denunciadas y que los resultados finales reflejen fielmente la voluntad popular".
El escrutinio especial será llevado a cabo por una comisión técnica independiente, integrada por expertos electorales nacionales e internacionales. Además, se ha garantizado el acceso irrestricto de los partidos políticos a todo el proceso, con el fin de asegurar la transparencia y la credibilidad del mismo.
