El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de Honduras declaró por mayoría inadmisible la petición de recuento jurisdiccional presentada por el alcalde saliente de Tegucigalpa, Jorge Aldana. La resolución mantiene firme la declaratoria emitida previamente por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó como ganador a Juan Diego Zelaya.
La decisión del TJE fue calificada como una "aberración jurídica" por el secretario general de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y candidato a vicealcalde, Osman Aguilar, quien aseguró que la resolución presenta contradicciones y errores de fondo. Aguilar cuestionó que la resolución haya sido firmada únicamente por dos de los tres magistrados que componen el pleno del TJE.
Por su parte, el alcalde electo, Juan Diego Zelaya, hizo un llamado a respetar las resoluciones de los órganos electorales y señaló que el proceso electoral debe darse por concluido. Zelaya manifestó su disposición de trabajar de la mano con el actual alcalde para garantizar una transición tranquila y ordenada en la municipalidad.
El TJE argumentó que previamente se había solicitado un recuento administrativo de 987 actas ante el CNE y que no se acreditó indefensión, además de considerar contradictorias las pretensiones del recurso presentado por Aldana. La decisión del tribunal mantiene firme la declaratoria emitida por el CNE, mientras continúan las reacciones y el debate jurídico en torno al proceso electoral de la capital hondureña.
Es importante destacar que el proceso electoral en Tegucigalpa ha estado envuelto en controversia desde los comicios del pasado 28 de noviembre. Aldana, quien buscaba la reelección, ha cuestionado los resultados y ha presentado diversos recursos legales para impugnar el proceso.
La resolución del TJE representa un nuevo capítulo en esta disputa electoral, y pone en evidencia las tensiones y desafíos que enfrentan las instituciones democráticas del país en la gestión de procesos electorales complejos. Mientras tanto, la capital hondureña se prepara para una transición de poder que, a pesar de las controversias, deberá darse de manera ordenada y pacífica.
