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Jueza separa a exsenador de juicio por Operación Calamar debido a condición de salud

Jueza separa a exsenador de juicio por Operación Calamar debido a condición de salud

El Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el próximo jueves 15 de enero la continuación de la audiencia preliminar del caso Operación Calamar. La jueza Altagracia Ramírez dispuso la separación del exsenador Rafael Calderón, quien será sometido a una intervención quirúrgica a causa de una infección.

La magistrada consideró que la condición médica del imputado se encuentra inestable, por lo que no puede continuar el proceso judicial junto a los demás encartados. La decisión busca garantizar el buen desarrollo del proceso, el respeto a los plazos razonables y la protección de los derechos fundamentales de todas las partes involucradas.

La defensa de Calderón se opuso a la medida y evalúa la posibilidad de recurrir la disposición, al advertir los inconvenientes que podría representar para su cliente reiniciar el proceso judicial desde el inicio, tomando en cuenta su edad avanzada (83 años) y su condición de salud.

Pese a la exclusión de Calderón, el tribunal ordenó la continuación de la audiencia con los imputados presentes. Los abogados del exministro José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, señalados junto a Donald Guerrero como los cabecillas de esta supuesta estructura criminal, presentarán sus argumentos la próxima semana.

La representación legal de Guerrero también está programada para los encuentros posteriores. En el caso Operación Calamar, a Guerrero Mena se le imputan los delitos de uso de documentos falsos, asociación de malhechores, estafa, extorsión y lavado de activos, cargos que fueron refutados uno a uno por sus abogados durante la audiencia.

El Ministerio Público persigue en este proceso una presunta estructura de corrupción que habría provocado un desfalco superior a los 6,000 millones de pesos. Los abogados de la defensa argumentaron que la acusación es "hueca", al carecer de afirmaciones de hecho y pruebas que sustenten los tipos penales imputados, y denunciaron violaciones al debido proceso.

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