El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica analiza un recurso de amparo electoral presentado por un ciudadano, en el que se solicita que el Tribunal prohíba el ingreso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con motivo de su visita la próxima semana durante la campaña electoral.
La presidenta del TSE, Eugenia Zamora, indicó que uno de los motivos del recurso sería la supuesta injerencia indebida del mandatario salvadoreño en el proceso electoral costarricense de cara a los comicios del 1. de febrero. Además, agregó que el Tribunal colegiado se encuentra analizando el amparo electoral, por lo que no se referirá al asunto.
La visita de Bukele fue anunciada por el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien aseguró que el mandatario salvadoreño viene al país a conocer los avances de la construcción del Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (Cacco), que se construirá en San Rafael de Alajuela. La jefa del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, dijo que Bukele vendrá principalmente para poner la primera piedra de la megacárcel de Chaves.
Sin embargo, el candidato presidencial del Partido Esperanza Nacional, Claudio Alpízar, solicitó al TSE prestar "especial atención" a la visita de Bukele, al considerar que podría existir una presunta injerencia indebida en el proceso electoral costarricense. En un video difundido en redes sociales, Alpízar calificó de "inoportuna" la visita y cuestionó que Bukele participe en actos simbólicos como la inauguración o colocación de la primera piedra de un centro penitenciario en Costa Rica, ya que, según dijo, el mandatario salvadoreño no tendría ninguna relación con el proyecto ni con su financiamiento.
Por su parte, la presidenta del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Mayuli Ortega, denunció ante el TSE al candidato Claudio Alpízar por una presunta "campaña de desinformación". Según la denuncia, Alpízar realizó en el video afirmaciones públicas que calificaron como temerarias y sin sustento sobre el financiamiento y la integridad del trabajo electoral del PPSO, incluyendo acusaciones de que el partido recibiría recursos del extranjero para pagar a personas vinculadas al resguardo del voto.
El PPSO rechazó estas afirmaciones, las cuales calificó de "falsas, alarmistas y que buscan dañar la confianza ciudadana en el proceso democrático". Asimismo, solicitó al Tribunal actuar con la máxima diligencia para aclarar los hechos y frenar el uso político de acusaciones sin fundamento.
