El Gobierno de Colombia ha anunciado que los arriendos y pensiones en el país se ajustarán en función del salario mínimo hasta el año 2026. Esta medida, que entra en vigor de manera inmediata, busca brindar estabilidad y previsibilidad a los colombianos en un contexto de alta inflación.
Según el decreto firmado por las autoridades, los incrementos anuales de los cánones de arrendamiento y las pensiones no podrán superar el aumento del salario mínimo, que tradicionalmente se ajusta cada 1 de enero. De esta manera, se espera proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos y evitar que los costos de vivienda y servicios se disparen por encima de sus ingresos.
"Esta es una decisión histórica que busca equilibrar los intereses de inquilinos y propietarios, y garantizar que los colombianos puedan acceder a una vivienda digna sin que eso comprometa su economía familiar", explicó el ministro de Vivienda, Carlos Holmes Trujillo.
La medida llega en un momento en que el país enfrenta una inflación de dos dígitos, lo que ha generado un fuerte impacto en el bolsillo de los ciudadanos. Según datos oficiales, el costo de vida en Colombia aumentó 12.1% en los últimos 12 meses, siendo los rubros de vivienda, alimentos y transporte los más afectados.
"Estamos conscientes de que esta no es la solución definitiva a la crisis económica, pero es un primer paso importante para proteger a los sectores más vulnerables", agregó el ministro. "Seguiremos trabajando en otras iniciativas que permitan mejorar la calidad de vida de los colombianos".
La decisión del Gobierno ha sido bien recibida por organizaciones de inquilinos y de la tercera edad, quienes han denunciado en reiteradas ocasiones los abusos en los incrementos de arriendos y pensiones. Sin embargo, algunos propietarios y gremios inmobiliarios han manifestado su preocupación por el impacto que esto pueda tener en sus ingresos.
"Entendemos la necesidad de proteger a los arrendatarios, pero también debemos considerar los costos que enfrentan los propietarios, como los impuestos, los servicios y el mantenimiento de los inmuebles", señaló Jaime Gómez, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción.
A pesar de estas inquietudes, el Gobierno ha reiterado su compromiso de mantener esta política hasta 2026, con el objetivo de brindar certidumbre y estabilidad a los colombianos en un contexto económico desafiante.
