El abogado de la empresa de apuestas deportivas Ecuabet, José Arauz, salió a responder a las denuncias presentadas por la Junta de Beneficencia en noviembre de 2025, en las que se acusa a la compañía de operar con una licencia extranjera y beneficiarse de exoneraciones tributarias de forma irregular.
En una entrevista con el canal Teleamazonas, Arauz afirmó que Ecuabet está domiciliada en Ecuador y paga impuestos en el país, aunque reconoció que la firma tiene una certificación de la isla de Anjouan, en el sur de África, lo que según él corresponde a "empresas certificadoras que distribuyen una plataforma a nivel mundial a todas las operadoras de pronósticos deportivos".
Sobre la identidad de los dueños de Ecuabet, el abogado evitó dar nombres específicos y solo señaló que la empresa pertenece a "un grupo de varios accionistas internacionales que operan este tipo de negocios, no solo en Ecuador, sino en Latinoamérica", y que funciona como un "cuerpo colegiado que toma las decisiones de manera colectiva".
La Junta de Beneficencia, por su parte, sostiene que existen 42 personas físicas y jurídicas relacionadas con Ecuabet, incluyendo tres fundaciones (Prosperar, Prosperar Salud y Culturarte), siete sociedades y más de 32 personas entre accionistas y representantes. Según la institución, esta estructura hace presumir que las empresas de pronósticos deportivos migraron a operar a través de fundaciones a partir de 2023.
Arauz negó las acusaciones de evasión fiscal y aseguró que Ecuabet y la fundación Prosperar han tributado cerca de $40 millones en los últimos cinco años. Sin embargo, se negó a dar cifras específicas de la facturación de la empresa.
La Junta de Beneficencia también denunció un "inusual incremento" de los ingresos de la fundación Prosperar Salud, que pasaron de $34 millones en 2022 a $95 millones en 2024. Arauz no lo negó y afirmó que esa fundación "ha demostrado sus ingresos y ha tributado".
El abogado de Ecuabet aseguró que el Servicio de Rentas Internas (SRI) ha realizado auditorías a la empresa en años anteriores y tiene programada una nueva revisión para este año, con el fin de "determinar si la tributación ha sido la correcta".
