El proyecto de ley que busca derogar el feriado legal en jornadas de elecciones y plebiscitos ha encendido un acalorado debate entre sindicatos y el empresariado. Mientras los trabajadores advierten que la medida profundizaría la desigualdad y limitaría el ejercicio efectivo del sufragio, los empresarios defienden la propuesta argumentando que el cierre de establecimientos genera pérdidas económicas relevantes.
La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados retomó esta semana la discusión del proyecto de ley (Boletín N. 16.725-06), que ha generado una fuerte reacción en sindicatos del comercio, retail y farmacias. Desde las organizaciones de trabajadores se advirtió que la eliminación del feriado electoral afectaría principalmente a quienes se desempeñan en centros comerciales y grandes cadenas, donde el ejercicio del voto queda supeditado a permisos limitados y a la voluntad de las jefaturas.
"Se está discriminando a parte de la ciudadanía, que no puede votar en igualdad de condiciones respecto del resto", señalaron los dirigentes sindicales. Uno de los puntos más cuestionados es el permiso de tres horas contemplado en la legislación vigente para quienes deben trabajar en días de votación, considerado insuficiente en la práctica.
Por su parte, el empresariado defendió la derogación del feriado argumentando que el cierre de establecimientos genera pérdidas económicas relevantes, y que el actual sistema de permisos permitiría compatibilizar la actividad laboral con el ejercicio del derecho a voto. Incluso, algunos representantes plantearon la posibilidad de modificar los locales de votación, acercándolos a los lugares de trabajo, una propuesta que fue rápidamente descartada por los sindicatos.
"No podemos perder lo avanzado. Esta es una muy mala señal política para los trabajadores. Después de esto, querrán que volvamos a trabajar en feriados y fechas importantes como Navidad hasta altas horas de la noche, como ocurría antes", advirtió Juan Moreno, presidente del Sindicato Interempresa Líder Walmart.
El debate, aún en etapa inicial, expone una tensión de fondo entre eficiencia económica y garantías democráticas. Para los sindicatos, la discusión no se limita a una jornada laboral, sino a la definición de si el derecho a sufragio seguirá siendo universal o quedará condicionado por el tipo de contrato y el sector productivo.
