La Defensoría del Pueblo activó una intervención inmediata en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, luego de que se registrara un motín y un incendio provocado por la quema de colchones. Estos hechos encendieron las alertas sobre la seguridad, el control de emergencias y la protección de los derechos fundamentales de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley que permanecen internados en este establecimiento ubicado en el distrito de San Miguel.
A través de un comunicado oficial, la Defensoría del Pueblo informó que su personal se desplazó de manera inmediata al lugar de los hechos, donde inició una labor de verificación directa tras los incidentes ocurridos al interior del centro juvenil. La institución señaló que su equipo se encuentra coordinando de forma directa con el PRONACEJ, la dirección del establecimiento y las autoridades competentes, con el objetivo de evaluar las condiciones de seguridad y garantizar la integridad física y emocional de los internos.
"Nuestro equipo se ha desplazado al lugar de los hechos, coordinando de forma directa con el PRONACEJ, la dirección del establecimiento y las autoridades competentes, para verificar el control de la emergencia, supervisar las condiciones de seguridad y garantizar la integridad de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley", indicó la Defensoría del Pueblo en su pronunciamiento.
Las imágenes compartidas por la Defensoría en redes sociales muestran a su personal dentro de las instalaciones de Maranguita, recorriendo áreas del centro y dialogando con autoridades, lo que refuerza el mensaje de una presencia institucional directa tras los hechos. Esta acción busca, además, transmitir tranquilidad a la ciudadanía y a los familiares de los internos, en medio de la preocupación generada por el motín y el incendio.
El Centro Juvenil de Maranguita ha sido, en reiteradas ocasiones, objeto de cuestionamientos públicos relacionados con condiciones de infraestructura, control interno y seguridad, por lo que el reciente incidente vuelve a poner el foco en la necesidad de una supervisión constante y de medidas preventivas eficaces.
La Defensoría del Pueblo ha dejado en claro que su prioridad es verificar que la emergencia haya sido controlada y que las condiciones actuales no representen un peligro para los internos ni para el personal que labora en el centro juvenil. Asimismo, la institución ha señalado que mantendrá una intervención activa y permanente, supervisando las acciones adoptadas y realizando el seguimiento correspondiente para la prevención de nuevos riesgos y el respeto de los derechos fundamentales.
