El caso de Samantha Lozada, exdirectora de la Judicatura en Orellana, pone en evidencia los desafíos que enfrentan los funcionarios judiciales que se enfrentan al crimen organizado en Ecuador. Lozada denuncia haber sido víctima de una persecución sistemática y haber recibido amenazas de muerte por parte de grupos delictivos, sin recibir la protección adecuada del Estado.
Lozada asumió el cargo de directora provincial de la Judicatura en Orellana en abril de 2024, en un momento en que la provincia comenzaba a verse afectada por el tráfico de combustibles, la minería ilegal y el narcotráfico. Según su relato, pronto se percató de que los procesos por tráfico de combustible no se judicializaban, ya que la Unidad de Hidrocarburos de la Policía no llegaba a tiempo para realizar las pruebas preliminares.
Ante esta situación, Lozada levantó alertas en las mesas de justicia con la Gobernación, solicitando la creación de una unidad de hidrocarburos propia para Orellana, pero no obtuvo respuesta. Fue entonces cuando comenzaron las amenazas en su contra, con advertencias de que sería asesinada si seguía hablando sobre el tema.
Lozada denunció las amenazas y recibió custodia policial, pero asegura que esta protección era insuficiente. Finalmente, en septiembre de 2024, recibió información de que un grupo delictivo conocido como "Los Choneros" planeaba asesinarla en su propia casa. Ante esta situación, Lozada renunció a su cargo y tuvo que salir de la provincia.
Una vez en Quito, Lozada continuó recibiendo amenazas y extorsiones, y sufrió un atentado en octubre de 2025, cuando fue víctima de un intento de asesinato en Orellana. Pese a las denuncias y solicitudes de protección, Lozada asegura que no recibió el apoyo del Consejo de la Judicatura ni de las autoridades.
Lozada responsabiliza directamente a las autoridades por su desprotección y afirma que, debido a la persecución y el estrés, ha sufrido problemas de salud mental. Actualmente, se encuentra solicitando asilo en el exterior, luego de que el Consejo de la Judicatura aceptara su renuncia sin brindarle la debida protección.
El caso de Samantha Lozada evidencia la vulnerabilidad que enfrentan los funcionarios judiciales que se enfrentan al crimen organizado en Ecuador, y la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de protección y apoyo a quienes denuncian este tipo de amenazas.
