El anuncio de Niels Olsen de realizar ajustes en la agenda legislativa para este 2026 ha abierto un debate sobre los retos que enfrentan los legisladores. Cinco voces expertas en el tema analizan los desafíos y exigen una mayor apertura al diálogo y a la fiscalización.
Juan Manuel Fuertes, excongreista y exsecretario de Gobernabilidad, señala que la agenda de la Asamblea dependerá de los objetivos del régimen, y espera que no se repitan episodios de confrontación con la Corte Constitucional. Fuertes considera fundamental abrir un diálogo amplio entre las fuerzas políticas y sociales para trabajar en una reforma política, pero advierte que esto no debe ser una visión unilateral del Ejecutivo.
Por su parte, Henry Cucalón, exministro de Gobierno y exasambleísta, califica de inadmisible la falta de control político durante el año pasado, como en el caso Progen. Cucalón está a la expectativa de lo que suceda con el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, cuestionado por las presiones a un juez anticorrupción. Además, cree que los cambios deben darse a través de enmiendas, como lo establece el artículo 441 de la Constitución.
La presidenta de la Federación de Barrios de Quito e integrante del Frente Popular, Isabel Vargas, exige que se concentren en leyes que favorezcan al pueblo, y advierte que no deben insistir en el trabajo por horas, ni en privatizar servicios de salud o externalizar servicios del IESS.
Nathaly Farinango, del oficialista ADN, señala que se están analizando reformas al Código Orgánico de la Función Judicial y al Código Orgánico Integral Penal, con el objetivo de reestructurar la justicia. Sobre las críticas por la falta de fiscalización, Farinango reconoce que "las críticas de la ciudadanía son sanas y siempre podemos rectificar".
Finalmente, Héctor Rodríguez, asambleísta correísta, espera que no haya más boicot a la fiscalización, como ha ocurrido en casos como Progen, y pide consensuar una agenda de fondo sobre desecuritización y no populismo penal.
En resumen, los expertos coinciden en la necesidad de abrir un diálogo amplio, evitar confrontaciones con la Corte Constitucional, fortalecer la fiscalización y enfocarse en leyes que beneficien a la ciudadanía. El reto para Olsen y la Asamblea será lograr un equilibrio entre estos desafíos y definir una agenda legislativa que responda a las demandas de la población.
