El Poder Judicial dispuso la incorporación de Fuerza Popular como persona jurídica en el proceso penal contra su exsecretario general, Joaquín Ramírez, y otros investigados por el caso denominado 'Alas Peruanas'.
La decisión fue adoptada por la jueza Margarita Salcedo a través de una resolución emitida el 15 de diciembre del 2025, luego de que se declarara fundado el requerimiento presentado por la Fiscalía especializada en lavado de activos el 30 de abril de dicho año. En el pronunciamiento, la magistrada señaló que el Ministerio Público cumplió con los presupuestos legales para esta medida.
En la audiencia previa, la defensa de Fuerza Popular solicitó que el pedido fiscal fuera declarado improcedente, argumentando que la Fiscalía no había formulado una imputación concreta y válida contra el partido, y que existían hasta seis versiones defectuosas de los hechos atribuidos, además de que el plazo de la investigación preparatoria había vencido el 5 de mayo del 2025, considerándolo una vulneración al derecho a la defensa e igualdad procesal.
Sin embargo, la jueza Salcedo rechazó estos argumentos, explicando que el pedido de la Fiscalía fue presentado dentro de la etapa procesal correspondiente y que su trámite se vio retrasado por recusaciones reiteradas interpuestas contra los jueces del caso. La magistrada resaltó que, pese a ello, el Ministerio Público actuó conforme a ley y dentro de los plazos permitidos.
En su decisión, la colegiada ordenó al órgano social del partido que designe a un apoderado judicial en un plazo de cinco días. Advirtió que, en caso de incumplimiento, el propio despacho judicial procederá a designar un representante de oficio para garantizar la continuidad del proceso.
La Fiscalía sostiene que al interior de Fuerza Popular habría operado una presunta organización criminal que tenía el objetivo de obtener poder político en el Ejecutivo mediante la captación de recursos ilícitos. Según la investigación, Joaquín Ramírez habría recibido aportes provenientes del fraude en la administración de la Universidad Alas Peruanas, dirigida por su tío Fidel Ramírez Prado, durante las campañas presidenciales del 2011 y 2016.
El caso busca determinar si estos fondos sirvieron para financiar actividades partidarias, encubrir el origen del dinero y dar apariencia de legalidad a los recursos. Con la incorporación de Fuerza Popular como persona jurídica en el proceso, el caso podrá ampliar su alcance y permitirá evaluar responsabilidades institucionales.
