La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido avanzar con su propuesta de reforma electoral sin el diálogo con las fuerzas opositoras. La iniciativa de reforma constitucional será remitida al Congreso de la Unión cuando inicie el próximo periodo ordinario de sesiones, con la expectativa de que quede aprobada antes de que concluya marzo.
Para que la reforma sea aprobada, se requiere de la mayoría calificada de ambas cámaras del Congreso y al menos 17 Congresos locales. Una vez sancionada la reforma constitucional, los parlamentarios podrían ser convocados a un periodo extraordinario entre mayo y junio para trabajar en la modificación de la legislación secundaria.
La reforma electoral plantea cambios significativos en la conformación del órgano electoral nacional. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sería renovado, y en su lugar nacería el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). Este nuevo organismo deberá estar integrado antes del inicio del proceso electoral de 2027.
Según el líder de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, la implementación de la reforma electoral estaría plenamente vigente en un plazo de seis meses. Esto implicaría el nombramiento de los integrantes del nuevo INEC, que podría darse de forma gradual o incluso con una reducción en el número de consejeros.
La decisión de la administración Sheinbaum de avanzar con la reforma sin el diálogo con la oposición ha generado preocupación entre algunos analistas, quienes temen que esto pueda afectar la legitimidad y transparencia del proceso electoral. Sin embargo, el gobierno defiende que los cambios propuestos buscan fortalecer la democracia y la participación ciudadana.
