Los bloqueos de carreteras en Bolivia se han convertido en un método recurrente de protesta, impulsado principalmente por el expresidente Evo Morales y sus seguidores. Estos cortes de vías han generado cuantiosas pérdidas económicas para el país, estimadas en más de $us 2.000 millones en 2024 por 24 días de bloqueos.
Según un informe de la Defensoría del Pueblo, en 2024 se registraron 121 bloqueos de caminos entre enero y septiembre. Estas acciones, además de las pérdidas económicas, han dejado luto y dolor en la sociedad, como el asesinato de cuatro policías por parte de afines a Morales durante una manifestación.
Actualmente, la Central Obrera Boliviana (COB) se encuentra en su tercera semana de protestas y ha asumido la medida de bloqueos de carreteras en rechazo al Decreto Supremo 5503, que elimina los subsidios a los hidrocarburos. Sin embargo, la mayoría de los bolivianos rechazan estos métodos que mantienen al país en una situación de inviabilidad.
El derecho a la protesta está garantizado en la Constitución, pero su ejercicio debe respetar el orden público y los derechos de otros ciudadanos. Los bloqueos de carreteras violan estos principios, al obstruir la libre locomoción, impedir el transporte de alimentos y medicinas, y provocar el encarecimiento de los productos.
Estas acciones, impulsadas por intereses políticos y caprichos personales, perjudican a la gran mayoría de los bolivianos. La búsqueda de soluciones a través del diálogo y el respeto a las instituciones democráticas es fundamental para superar esta crisis y avanzar hacia el desarrollo del país.
