Durante los últimos 13 años, el Estado panameño ha desembolsado más de $303.3 millones para el suministro de alimentos en siete cárceles, todos los contratos adjudicados a un solo proveedor: el Consorcio Alimentando Panamá. Este consorcio, integrado por la empresa Iberoamericana de Alimentos y Servicios, S.A. (IBEASER) y el empresario colombiano Juan Carlos Almansa Latorre, ha concentrado este negocio millonario desde el 2012.
La continuidad del proveedor se ha mantenido mediante adendas contractuales y ajustes al alza en los precios. En la más reciente licitación, que concluyó a finales del 2025, el consorcio presentó una propuesta por $209.6 millones de dólares, exactamente el precio de referencia fijado por el Ministerio de Gobierno (MINGOB), lo que contempla un aumento en el costo de la ración diaria completa de $4.60 a $5.50.
El historial empresarial asociado a Almansa también incluye sanciones en Colombia. En agosto del 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso multas por unos $1.7 millones a varias empresas proveedoras de raciones militares, entre ellas IBEASER y Huerta del Oriente. Posteriormente, en junio del 2022, la SIC volvió a sancionar a IBEASER como parte de un grupo de empresas multadas con más de $6.3 millones por prácticas destinadas a eliminar la competencia en contratos de refrigerios escolares en Bogotá.
En Panamá, la licitación también generó reclamos, ya que algunas condiciones del pliego favorecían al proveedor histórico, especialmente el criterio de experiencia. El documento establecía que la experiencia solo podía acreditarse con un máximo de tres contratos, mientras que al proveedor actual se le reconoció un solo contrato que abarca los seis centros penitenciarios, resultado de condiciones especiales previas. Esto colocó a otros oferentes en desventaja y limitó cualquier competencia efectiva.
La concentración de este servicio estratégico en empresas relacionadas entre sí ha sido cuestionada en otros países, como en Ecuador, donde medios como Primicias documentaron críticas a un contrato adjudicado en el 2024 al Consorcio Alimentando Ecuador, integrado en un 80% por el Consorcio Alimentando Panamá (CONALIPA) y en un 20% por Huerta del Oriente, empresa de origen colombiano.
Este caso pone en evidencia la necesidad de una mayor transparencia y competencia en los procesos de contratación pública, especialmente en servicios tan sensibles como la alimentación de las personas privadas de libertad. Las autoridades deben garantizar que estos contratos se adjudiquen de manera justa y equitativa, evitando la concentración en un solo proveedor durante más de una década.
