La Fiscalía General de la Nación detuvo a nueve personas, entre ellas funcionarios de la Policía Nacional y del Inpec, por conformar una red de corrupción para extorsionar a Juan Carlos Ramírez, alias "Manicomio", un exnarco que cumplió condena en Estados Unidos.
Según la información suministrada por la Fiscalía, los detenidos pedían entre 400 y 1.000 millones de pesos a Ramírez a cambio de borrar procesos judiciales en su contra y detener medidas de extinción de dominio.
La Fiscalía logró documentar al menos cuatro hechos delictivos y anunció que imputará cargos a los detenidos por delitos como concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistemas, amenazas y abuso de autoridad.
Los abogados de los acusados, Juan José y Rogelio Roldán, aseguran que sus defendidos se mantendrán firmes en la decisión de no aceptar los cargos en su contra, argumentando que las acusaciones se basan en "simple sospecha" y que no existen pruebas contundentes.
Sin embargo, la Fiscalía afirma tener entrevistas de las presuntas víctimas que denuncian haber sido intimidadas y amenazadas por los funcionarios corruptos. Además, señalan que hay contradicciones en las declaraciones de los acusados.
Este caso pone de manifiesto un nuevo escándalo de corrupción que involucra a miembros de la Policía Nacional y otras entidades del Estado, lo que genera preocupación y cuestionamientos sobre la integridad de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
La Fiscalía ha asegurado que continuará con la investigación y el proceso judicial para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de los implicados. Mientras tanto, la defensa de los acusados insiste en la presunción de inocencia de sus clientes y en la falta de pruebas contundentes.
