La Fiscalía General del Estado de Ecuador informó que Jennifer Belén G. T., de 18 años, fue sentenciada a 26 años de prisión por el asesinato de su hija, una bebé de apenas una hora de nacida. El hecho ocurrió en el cantón Guano, provincia de Chimborazo, y fue juzgado como delito de asesinato.
La audiencia de juicio concluyó el 31 de diciembre de 2025. El Tribunal de Garantías Penales determinó que la procesada actuó como autora directa del crimen y le impuso la pena máxima dentro del rango previsto por la ley para este tipo de delito.
Según la investigación fiscal, el delito se cometió la madrugada del 8 de febrero de 2025, en una habitación de un inmueble ubicado en el sector Las Abras, en Guano. Ese día, Jennifer Belén G. T., quien tenía 40 semanas de gestación, dio a luz a una niña.
Poco tiempo después del parto, la joven asfixió a la recién nacida, la vistió y ocultó su cuerpo en el interior de un ropero. Posteriormente, fue trasladada por su madre hasta el Hospital General de Riobamba, bajo el argumento de que presentaba un malestar estomacal e hinchazón abdominal.
De acuerdo con el parte médico, la joven presentaba signos evidentes de haber dado a luz recientemente. Al ser consultada por el personal de salud sobre el paradero del neonato, indicó que se encontraba dentro de un ropero blanco en su vivienda.
Ante esta información, miembros de la Policía Nacional acudieron al inmueble y, tras verificar el mueble señalado, encontraron el cuerpo sin vida de la bebé. El informe de autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por obturación de las vías aéreas superiores, y el deceso fue catalogado como una muerte homicida.
Durante la audiencia, la Fiscal Multicompetente del cantón Guano sustentó la acusación con la pericia médico-legal practicada a la víctima, así como con los testimonios de los agentes policiales que intervinieron en la aprehensión de la ahora sentenciada. Además, se incorporaron al proceso el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, el levantamiento de evidencias y otros elementos que permitieron al Tribunal establecer la responsabilidad penal de la acusada.
Junto a la pena privativa de libertad, los jueces dispusieron el pago de una multa, cuyo monto será determinado en la sentencia escrita. El caso fue procesado por el delito de asesinato, tipificado en el artículo 140, inciso 1, numeral 1, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona con una pena de 26 a 30 años de prisión a quien, a sabiendas, cause la muerte de un descendiente.
La Fiscalía destacó que la sentencia constituye una respuesta penal frente a un hecho de extrema gravedad.
