El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, ha tomado la controvertida decisión de desactivar los Equipos Especiales del Ministerio Público, poniendo fin a la gestión de Rafael Vela y otros fiscales que investigaban casos emblemáticos como Lava Jato y Odebrecht.
Según el abogado Juan José Quispe, quien representa a familiares de víctimas de las protestas contra Dina Boluarte, esta medida busca crear un "manto de impunidad" y es un "día negro para la justicia". Quispe argumenta que los Equipos Especiales habían logrado llevar a juicio y condenar a personas que ocupaban cargos públicos o altos cargos.
La desactivación también alcanza al Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales, conocido como Eficavip. Según Quispe, la carga de estos casos será redistribuida a otras fiscalías, lo que podría retrasar significativamente las investigaciones.
El abogado considera que la decisión del fiscal Gálvez se basa en la falsa premisa de que estos equipos "no funcionaban bien" y se habían "politizado", cuando en realidad han sido fundamentales para avanzar en casos de corrupción y violaciones de derechos humanos.
Esta medida ha generado gran preocupación entre defensores de la justicia, quienes temen que pueda abrir la puerta a la impunidad y obstaculizar el esclarecimiento de graves hechos ocurridos durante las recientes protestas sociales en Perú.
