Desde hace años, diversos expertos y líderes cívicos en Bolivia han venido advirtiendo sobre la necesidad de una profunda reforma constitucional que permita replantearel papel del Estado y devolver el poder a la ciudadanía. Ahora, este llamado se ha vuelto más apremiante que nunca.
El documento "Nueva Relación de Santa Cruz con el Estado", presentado en 2024 por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, anticipaba ya esta discusión. Sus conclusiones señalaban la imperiosa necesidad de replantear el pacto social vigente desde 2009, cuando el Estado boliviano amplió de manera desmedida sus prerrogativas, concentrando un poder político, económico y simbólico que lo convirtió en un "Leviatán" omnipresente y "moralmente superior".
Según los expertos, este "Estado Total" que se impuso en Bolivia ha fallado en garantizar justicia independiente, seguridad jurídica, servicios públicos de calidad y respeto a la propiedad y al esfuerzo individual. Lejos de servir a la sociedad, se ha convertido en un ente que controla, regula y fiscaliza todo, reduciendo al ciudadano a mero objeto de políticas públicas.
"El problema no radica en algunos artículos inaplicables o en ciertos temas controversiales. La estructura de la actual Constitución Política del Estado está diseñada para imponer una gobernanza centralista y vertical, una democracia tutelada y una economía estatista y planificada desde el poder político", señala el documento.
En ese sentido, los expertos advierten que no es posible pensar en un modelo liberal con una Constitución estatista, pues cualquier intento de transformación significativa enfrentará el riesgo de ser declarado inconstitucional por un Tribunal Constitucional con "poderes ilegítimos e ilimitados".
Por ello, consideran que Bolivia necesita una reforma constitucional urgente, no para enfrentar la crisis económica, sino para redefinir el pacto político fundamental. Esto implica limitar el poder estatal, fortalecer los derechos individuales y colectivos, garantizar la independencia de los poderes públicos y restituir el control de la soberanía a los ciudadanos.
"No se trata de eliminar al Estado ni de negar su importancia, sino de devolver el poder a su verdadero origen: las personas, y de asignar a las entidades públicas un rol claro, útil y limitado", enfatizan.
Según los expertos, este no es un acto ideológico ni una revancha política, sino una necesidad histórica. Bolivia no podrá salir de su crisis mientras mantenga un marco constitucional que consagra un Estado excluyente y omnímodo que limita el desarrollo y la unidad nacional. El verdadero cambio, aseguran, solo será posible con un nuevo pacto donde el ciudadano recupere su centralidad.
