La Central Obrera Boliviana (COB) declaró este lunes un estado de emergencia y anunció el inicio de un bloqueo nacional de carreteras a partir de este martes, en respuesta al Decreto Presidencial 5503 que eliminó los subsidios a los combustibles, desencadenando una crisis económica y social.
La medida, de alcance indefinido, es la respuesta contundente de la principal organización sindical del país ante el llamado "gasolinazo", que provocó un aumento de 86% en el precio de la gasolina y 163% en el diésel. Esto ha generado un rechazo transversal en el movimiento sindical y social boliviano, que acusa al gobierno del presidente Rodrigo Paz de promover una política de "ajuste económico" y facilitar la entrega de recursos naturales.
La decisión de la COB no fue tomada a la ligera. Fue precedida por una masiva movilización en La Paz que terminó en represión policial, con fuerzas de seguridad empleando gases lacrimógenos y balines de goma para dispersar a manifestantes.
En una conferencia de prensa, el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, dejó claro el camino a seguir: "Se va a ingresar a un bloqueo nacional de caminos. Esto para que el Gobierno comprenda que no es el capricho de un sector. Hoy vimos la marcha masiva que encabezó la COB, con todos los sectores. Otros sectores fueron sumándose en el camino, el pedido único al Gobierno es que abrogue este decreto maldito".
El Decreto 5503 puso fin a casi veinte años de precios estabilizados y subsidiados para los combustibles, una política aplicada por los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). El ajuste ha sido drástico y sus efectos, inmediatos, con aumentos en el transporte urbano e interdepartamental, así como en los precios de la canasta familiar.
Para los sindicatos, el decreto no es solo económico, sino político, y representa un quiebre con el modelo de protección estatal a los sectores más vulnerables. Exigen transparencia total sobre el uso de los recursos que se ahorrarán con la eliminación del subsidio y alertan sobre lo que llaman una agenda privatizadora y de favorecimiento a sectores privados detrás de la medida.
Con el inicio de los bloqueos nacionales, la crisis en Bolivia entra en una nueva fase de tensión y confrontación entre el gobierno y el movimiento sindical y social, que se niega a aceptar las consecuencias del "gasolinazo" decretado por el presidente Paz.
