El gobierno interino de Venezuela, encabezado por la presidenta Delcy Rodríguez, ha designado al general Gustavo González López como nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Esta medida se produce luego de la captura y extradición del exmandatario Nicolás Maduro, tras el ataque militar desplegado por Estados Unidos en el país.
El anuncio fue realizado por el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, a través de un mensaje en Telegram. González López asume estos cargos en reemplazo del mayor general Javier Marcano Tábata, quien ocupaba también la jefatura de la Milicia Bolivariana. Mientras que en la DGCIM, sustituye al mayor general Iván Rafael Hernández Dala, figura clave en la inteligencia militar y cercano colaborador de Maduro.
Durante el anuncio oficial, Delcy Rodríguez expresó su reconocimiento a González López por "la entrega y lealtad demostrados durante el ejercicio de sus funciones", al mismo tiempo que ratificó su confianza en la "trayectoria y vocación de servicio" del general, quien ha ocupado puestos estratégicos en el aparato de inteligencia y seguridad venezolano.
La carrera de González López incluye dos períodos al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), entre 2014 y 2018, y luego desde abril de 2019 hasta octubre de 2024. Además, ocupó el cargo de ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz entre 2015 y 2016, y desempeñó funciones de gerencia en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) durante el último tramo de 2024 y a lo largo de 2025.
Sin embargo, desde 2015, González López figura en la lista de sancionados por el gobierno de Estados Unidos, acusado de presuntas violaciones a los derechos humanos durante su gestión en organismos de inteligencia. Ese mismo año, la Unión Europea también lo incluyó en su lista de sanciones, al considerar que tuvo un rol en la ruptura del orden constitucional, particularmente por su actuación en el proceso de conformación de la Asamblea Nacional Constituyente.
Según el ministro Ñáñez, estas designaciones "forman parte de una dinámica de fortalecimiento y continuidad institucional, orientada a garantizar la paz, la seguridad del pueblo y la plena vigencia de la Constitución de la República". Sin embargo, la elección de un general sancionado por violaciones a los derechos humanos para liderar la Guardia Presidencial ha generado preocupación en la comunidad internacional y entre los opositores al gobierno interino.
