En un discurso firme y directo, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, respondió enérgicamente a los cuestionamientos provenientes del Congreso de la República contra los jueces que aplicaron el control difuso, reafirmando que dicha facultad se encuentra plenamente amparada por la Constitución y no constituye delito ni injerencia política.
Durante la ceremonia de apertura del Año Judicial 2026, Tello rechazó las acusaciones que califican estas decisiones judiciales como prevaricato u otras faltas, señalando que tales afirmaciones "carecen de sustento jurídico e histórico". La magistrada enfatizó que "el Poder Judicial no es apéndice de ningún poder político, económico o fáctico", y expresó su respaldo a los jueces que, en cumplimiento de su deber constitucional, inaplicaron leyes que consideraron incompatibles con la Carta Magna.
La titular del sistema judicial subrayó que su gestión preservará con valentía la independencia e imparcialidad de la institución, y advirtió que no se tolerará ningún intento de quebrantamiento del orden judicial. "Los jueces nunca serán herramientas de impunidad ni instrumentos de persecución", afirmó.
El discurso de Tello cobró especial relevancia por la presencia en la ceremonia del presidente de la República, José Jerí; el titular del Congreso, Fernando Rospigliosi; así como los jefes de diversos organismos constitucionales, entre ellos el Reniec, la ONPE, el Tribunal Constitucional y el Jurado Nacional de Elecciones.
Las declaraciones de la presidenta del Poder Judicial se producen en un contexto de creciente tensión entre el Poder Judicial y sectores del Congreso, reavivando el debate sobre los límites de la separación de poderes y el rol de la judicatura en la defensa del orden constitucional.
Tello Gilardi reafirmó el compromiso del Poder Judicial con la independencia y la imparcialidad, y advirtió que no permitirán ningún intento de injerencia o presión política en el ejercicio de sus funciones. Su mensaje busca preservar la integridad del sistema judicial y evitar que este se convierta en un instrumento de intereses partidistas o faccionales.
La tensión entre el Poder Judicial y el Congreso refleja las complejidades inherentes a la división de poderes en un sistema democrático. Mientras que el Congreso tiene la facultad de fiscalizar y cuestionar las acciones del Poder Judicial, este último tiene la responsabilidad de salvaguardar la Constitución y los derechos de los ciudadanos, incluso si ello implica apartarse de leyes que consideren inconstitucionales.
Este debate pone de manifiesto la importancia de mantener un delicado equilibrio entre los diferentes poderes del Estado, de modo que ninguno de ellos pueda abusar de su autoridad o socavar la independencia de los demás. La presidenta del Poder Judicial ha dejado claro que defenderá con firmeza la autonomía de la institución que encabeza, en aras de preservar el Estado de Derecho y la confianza de la ciudadanía en la justicia.
