El Gobierno de Colombia, a través del viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón, ha solicitado a las autoridades competentes investigar las declaraciones de los políticos Miguel Polo Polo, Abelardo de la Espriella y Lina Garrido, advirtiendo que podrían constituir delitos como "atentados contra la integridad nacional" e "instigación a la guerra".
La petición se realizó mediante un video publicado en las redes sociales del viceministro, en el que detalló los motivos de su solicitud y expresó la preocupación institucional frente a mensajes que, según su argumentación, pueden dividir a la sociedad colombiana y afectar los principios democráticos.
Rondón explicó que, en cumplimiento de sus funciones como servidor público, ha oficiado a los entes competentes para que analicen las declaraciones de los mencionados políticos. El funcionario recalcó la gravedad de los hechos al señalar que, si estas declaraciones se constituyen en delitos, especialmente en el "menoscabo a la integridad nacional" y la "instigación a la guerra", deberán ser investigadas.
Durante el video, el viceministro insistió en que no resulta admisible que personajes públicos promuevan divisiones o discursos que soliciten la intervención de actores extranjeros en asuntos internos del país. "No podemos seguir dividiendo el país y mucho menos pedirle a un foráneo que se lleva al presidente o que invada a Colombia. Así no se construye la democracia, así no construimos paz", enfatizó.
Cabe destacar que esta no es la única acción legal emprendida por el Gobierno en torno a este tema. El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra los congresistas Lina Garrido, Jota Pe Hernández y María Fernanda Cabal por, presuntamente, incentivar una intervención militar extranjera.
Asimismo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, también radicó una denuncia penal ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra Lina Garrido, Jota Pe Hernández y Miguel Polo Polo por hechos similares.
Estos procesos judiciales quedan ahora bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia, que deberá valorar la pertinencia de abrir una investigación formal sobre las declaraciones y publicaciones cuestionadas. Hasta el momento, no se han conocido respuestas públicas por parte de los políticos mencionados en las denuncias.
