La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura aprobó recientemente un nuevo Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) de 44 mil hectáreas entre las regiones de La Araucanía y Biobío, a favor de una asociación de comunidades indígenas denominada We Pu Lafken. Esta decisión se tomó por la aplicación del "silencio positivo" contenido en la Ley Lafkenche, luego de que la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de la Araucanía (CRUBC) no lograra adoptar un acuerdo dentro del plazo establecido.
Este hecho evidencia algunos de los problemas que presenta la Ley Lafkenche, la cual tiene como objetivo reconocer y proteger los derechos de los pueblos originarios sobre el borde costero. Si bien este es un objetivo loable, la norma ha generado cuestionamientos al permitir que decisiones de gran impacto territorial, pesquero, acuícola, de inversión y empleo regional queden definidas no por una evaluación técnica ni por un acuerdo deliberado, sino simplemente por la inacción del Estado.
Según expertos, la Ley Lafkenche ha transformado la falta de gestión pública en una vía expedita para adoptar decisiones que pueden comprometer irreversiblemente el desarrollo de las regiones costeras. Urgen, por tanto, revisiones y reformas a esta legislación, cuyas consecuencias negativas se vuelven cada vez más evidentes.
"No es aceptable que una medida de tal magnitud territorial quede definida no por una evaluación técnica ni por un acuerdo deliberado, sino simplemente por la inacción del Estado", señala un analista consultado.
El nuevo ECMPO otorgado a la asociación We Pu Lafken abarca 44 mil hectáreas entre La Araucanía y Biobío, lo que sin duda tendrá un impacto directo sobre la pesca artesanal, la acuicultura, la inversión, el empleo regional y la planificación del borde costero en esas zonas. Mientras no se revise y reforme la Ley Lafkenche, el "silencio positivo" seguirá otorgando derechos a unos pocos y quitándoselos a muchos, según advierten expertos.
