El fallo del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de Honduras ha marcado el cierre definitivo del proceso electoral de 2025, según el análisis de diversos expertos consultados. La decisión de negar las solicitudes de recuentos especiales presentadas por el excandidato presidencial Salvador Nasralla se interpreta como el acto jurídico que pone fin a las impugnaciones y abre paso a una nueva etapa de estabilidad institucional en el país.
Para los analistas, esta resolución del TJE no deja espacios abiertos para nuevas impugnaciones ni cuestionamientos sobre la legitimidad de los comicios. Lejos de ser una decisión aislada, el fallo se ve como la culminación de un proceso que siguió los cauces institucionales y que ahora obliga a Honduras a pasar de la confrontación electoral a una etapa de responsabilidad política y social.
El analista político Aníbal Cálix sostiene que la resolución del Tribunal cierra un ciclo que ya no admite debate jurídico. A su juicio, el fallo deja claro que las instancias legales fueron agotadas y que insistir en teorías de ilegalidad solo prolonga una polarización que no aporta soluciones.
Otros especialistas coinciden en que el fallo del TJE ratifica la voluntad popular expresada en las urnas el 30 de noviembre. Desde esta óptica, la resolución judicial desmonta los argumentos que hablan de un proceso viciado y confirma que las elecciones se desarrollaron dentro del marco legal.
Para estos analistas, el respeto a la decisión del Tribunal es clave para fortalecer la institucionalidad democrática y evitar que el conflicto poselectoral se convierta en un obstáculo permanente para el país. El reto ahora se traslada al nuevo gobierno encabezado por Nasry Juan Asfura, quien deberá demostrar madurez institucional y asumir el fallo como un punto de partida para el diálogo y la gestión, no como un nuevo frente de confrontación.
Desde el ámbito social, Osmin Bautista recuerda que el electorado envió un mensaje claro: menos polarización y más resultados. El fallo del TJE, afirma, refuerza esa demanda ciudadana de estabilidad y trabajo conjunto para abordar las prioridades de la población, como el empleo, la educación, la salud y la seguridad.
En definitiva, el proceso electoral en Honduras ha llegado a su fin con el fallo del TJE, que cierra la etapa de impugnaciones y abre paso a una nueva etapa donde la estabilidad institucional deberá traducirse en decisiones y políticas que respondan a las expectativas de la ciudadanía.


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