El Gobierno del presidente Boric enfrenta dos frentes de cuestionamientos en medio de la transición de poder. Por un lado, la oposición y parte del oficialismo han tildado de "ley de amarre" a la iniciativa de reajuste al sector público que ingresará esta semana al Congreso. Por otro, la postura del Ejecutivo frente a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela ha generado críticas, incluso desde sectores oficialistas.
En la reunión del comité político ampliado, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, reconoció el malestar generado por la ley de reajuste, admitiendo que el Gobierno salió "tardíamente" a explicar la medida. La iniciativa ha sido cuestionada por la oposición y algunos partidos de la coalición oficialista, quienes la han calificado como una "ley de amarre" para los funcionarios públicos.
Desde La Moneda, se ha buscado diferenciar que la ley no afecta a los funcionarios de confianza, quienes han sido mandatados a renunciar antes del 11 de marzo, cuando José Antonio Kast asuma la Presidencia. Sin embargo, la oposición ha logrado instalar el concepto de "ley de amarre" y capitalizar políticamente con el asunto.
Paralelamente, el Gobierno también enfrenta cuestionamientos por su postura frente a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la captura de Nicolás Maduro. Aunque el Ejecutivo condenó la acción y llamó a buscar una salida pacífica, diputados del Partido Comunista exigieron a Boric insistir en la liberación del mandatario venezolano.
Incluso desde sectores del oficialismo se cuestionó la reacción de Kast y se le exigió condenar la intervención norteamericana. El Gobierno celebró que no hubo voces disonantes en su respaldo a la postura adoptada, pero lo cierto es que sí las hubo, evidenciando las tensiones que enfrenta el Ejecutivo en esta etapa de transición.
