El pedido de juicio político iniciado contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina, quedó sin efecto luego de que venciera el plazo constitucional de 30 días previsto para su tratamiento. Así lo confirmó la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Gabriela Lena, al explicar que no se alcanzaron las mayorías requeridas para elevar el tema al recinto.
Según se informó, el plazo perentorio establecido por la Constitución provincial se cumplió el domingo pasado. Hasta ese momento, ninguno de los dos dictámenes posibles -el de acusación ni el de rechazo del juicio político- logró reunir las 11 firmas necesarias sobre un total de 19 integrantes de la comisión. Esa falta de consenso derivó en la caducidad automática del proceso, que finalizó sin una resolución formal.
La denuncia que dio origen al juicio político estaba vinculada a presuntas inasistencias, el uso indebido de viáticos y cuestionamientos sobre el régimen de subrogancias de jueces, además de denuncias referidas al acceso a juicios orales y a un planteo laboral de una empleada del Poder Judicial. No obstante, tras la producción de pruebas y el otorgamiento del derecho a defensa a la magistrada, el trámite no logró avanzar a la instancia decisiva.
Lena explicó que la falta de acuerdo interno fue determinante. "No hubo definición unánime para ninguno de los dictámenes y tampoco se pudieron juntar las firmas necesarias para llevar el tema al recinto", señaló. En ese marco, remarcó que el vencimiento del plazo constitucional funciona como un mecanismo de cierre del proceso, sin que exista una absolución ni una condena.
La diputada aclaró que, al no haber una resolución de fondo, la situación de Medina no queda definitivamente zanjada. La magistrada continúa en su cargo y cualquier persona legitimada podría volver a impulsar un nuevo pedido de juicio político, incluso con los mismos argumentos u otros adicionales, reiniciando todo el procedimiento desde cero.
Finalmente, Lena adelantó que esta experiencia dejó en evidencia la necesidad de debatir reformas pendientes, como la reglamentación del juicio político por ley y la revisión del régimen de licencias de los vocales del Superior Tribunal de Justicia, que actualmente se rige por normas fijadas por el propio cuerpo. Además, se presentará un proyecto de ley para que también los miembros del Superior Tribunal tengan un régimen de licencias parecido al que tienen los tribunales inferiores y el resto de los poderes del Estado.
