El terreno del Cerro Centinela, ocupado por una megatoma, ha generado cuestionamientos sobre el posible retraso en el desalojo por parte de la Contraloría General de la República.
Según los antecedentes recabados, la Contraloría ha estado involucrada en el proceso de expropiación y desalojo de la ocupación ilegal en el Cerro Centinela, una zona de alto valor ecológico en las afueras de la capital. Sin embargo, parece que este proceso ha enfrentado retrasos y obstáculos que han generado preocupación entre las autoridades y la ciudadanía.
La megatoma del Cerro Centinela es un problema que se ha prolongado por años, con cientos de familias ocupando ilegalmente terrenos que pertenecen al Estado. Diversos intentos de desalojo han sido frustrados, y la situación se ha convertido en un desafío complejo para las autoridades.
En este contexto, la participación de la Contraloría en el proceso ha sido cuestionada. Según los antecedentes recabados, la Contraloría habría tenido un rol relevante en la expropiación de los terrenos y la planificación del desalojo. Sin embargo, parece que este proceso ha enfrentado retrasos y dificultades que han generado inquietud entre los involucrados.
Las autoridades han expresado su preocupación por la situación y han manifestado la necesidad de acelerar el proceso de desalojo para recuperar el control del Cerro Centinela. Esto se debe a la importancia ecológica y ambiental de esta zona, que alberga una biodiversidad única y cumple un papel fundamental en la preservación del equilibrio natural de la región.
Ante estos cuestionamientos, la Contraloría deberá rendir cuentas sobre su actuación y explicar las razones detrás de los posibles retrasos en el desalojo de la megatoma. La ciudadanía espera respuestas claras y una solución definitiva a este problema que ha afectado la integridad del Cerro Centinela.
