En Guatemala, las autoridades se enfrentan a un problema persistente: el uso irregular de la vía pública para el cobro informal de parqueo, especialmente en zonas aledañas a hospitales. Este fenómeno, que inicialmente parecía un asunto de desempleo, ha evolucionado hacia una estructura organizada, con indicios de vínculos con el crimen organizado.
La Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la ciudad de Guatemala han realizado numerosos operativos para liberar las calles de los obstáculos utilizados por los llamados "apartaparqueos". Sin embargo, el problema persiste, ya que los responsables vuelven a ocupar los espacios públicos casi de inmediato.
Según el diputado Juan Carlos Rivera, en zonas como 1, 9, 10, 13 y 14, especialmente alrededor de hospitales, "ya no permiten estacionarse si no se paga; eso se acerca a una extorsión". Los cobros oscilan entre Q10 y Q30 diarios por vehículo, e incluso se cobra en dólares a extranjeros.
Las autoridades han identificado un patrón de operación de estos grupos: utilizan botes, cajas, bancos y otros objetos para reservar espacios y luego cobrar a los conductores. Incluso se ha detectado el control de hasta 100 motocicletas en una sola calle para maximizar los ingresos.
Héctor Flores, gerente general de Emetra, advirtió que este fenómeno ha cambiado de naturaleza y ya no se trata de casos aislados vinculados únicamente a la falta de empleo. "No es un apartaparqueos simple que, por necesidad, llega a la calle. Ya estamos viendo estructuras organizadas. No es violencia aislada, creemos que el crimen organizado ya está metido", señaló.
Ante esta situación, las autoridades han reconocido que el marco legal actual es insuficiente para hacer frente a este problema. La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) han advertido sobre la falta de protocolos y herramientas legales específicas para desalojar de forma directa a los responsables.
El subdirector de Investigación Criminal de la PNC, José Gómez Santos, indicó que el problema ya genera violencia, con amenazas, daños a vehículos y cobros incluso a residentes. Además, el MP ha establecido posibles vínculos entre estos "apartaparqueos" y estructuras dedicadas al robo de vehículos.
Para hacer frente a esta situación, se han discutido dos posibles rutas de acción: continuar con mesas técnicas y trabajo de campo interinstitucional para documentar cómo ocurren los hechos, o bien, avanzar hacia una reforma legal que permita sancionar de manera más efectiva el cobro ilegal de parqueo en la vía pública.
Mientras tanto, las autoridades reconocen que existe un vacío legal que mantiene activo este negocio ilegal, el cual ya supera la capacidad de respuesta administrativa y plantea riesgos crecientes para la seguridad ciudadana.
