La Argentina enfrenta un 2026 clave en la lucha contra la corrupción, tras un 2025 marcado por condenas históricas y debates sobre el uso de herramientas como el arrepentido. El sistema judicial deberá consolidar los logros del año pasado, al tiempo que define criterios claros sobre temas como la prisión efectiva y el alcance de la Ley del Arrepentido.
El 2025 quedará registrado como un punto de inflexión en la batalla anticorrupción en el país. Si bien la corrupción sigue siendo un problema, el sistema penal logró producir decisiones relevantes, algunas de ellas verdaderamente históricas. El inicio del juicio oral en la Causa Cuadernos, con la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner y otros exfuncionarios y empresarios sentados en el banquillo, volvió a poner en el centro del debate la figura del "arrepentido" y la legitimidad de las confesiones premiadas.
En paralelo, la confirmación de condenas en casos como Vialidad y la Ruta del Dinero K por parte de la Corte Suprema marcó un antes y un después. No solo por las penas y los decomisos millonarios, sino porque consolidó un mensaje claro: incluso los máximos niveles del poder político pueden ser alcanzados por sentencias firmes. Esto fortaleció la confianza pública en la Justicia, aunque también reavivó críticas sobre supuesta selectividad punitiva.
Un dato relevante del 2025 fue la aparición de denuncias que salpicaron al gobierno actual, como los escándalos vinculados a Libra y a la ANDIS bajo la presidencia de Javier Milei. Estas investigaciones, desde el punto de vista institucional, son saludables: demuestran que la vara judicial no se detiene en los cambios de signo político y que la imparcialidad no es un eslogan, sino una obligación constitucional.
Ahora, el verdadero desafío judicial será reconstruir la verdad histórica de los hechos investigados, sin apresuramientos ni condicionamientos externos, especialmente cuando los involucrados son funcionarios públicos en ejercicio del poder.
Si el 2025 fue el año del cierre de ciclos, el 2026 asoma como el de los precedentes. La ejecución de condenas contra exfuncionarios como Julio De Vido o José López obligará a definir criterios claros sobre prisión efectiva, domiciliaria y trato penitenciario en causas de alto impacto. No se trata de privilegios, sino de reglas estables que eviten arbitrariedades.
Asimismo, las revisiones pendientes en la Corte sobre la situación de Cristina Fernández de Kirchner y sobre la Ruta del Dinero K serán decisivas para delimitar el alcance real de la Ley 27.304 del Arrepentido. Allí se jugará el equilibrio entre eficacia investigativa y garantismo: si se valida cualquier confesión, el sistema gana rapidez pero pierde legitimidad; si se anula todo, se debilita una herramienta clave contra el crimen organizado.
Las investigaciones que alcanzan a figuras y las causas provinciales reforzarán otro aspecto central: el federalismo judicial. La corrupción no es un fenómeno exclusivo de Buenos Aires, y combatirla exige estándares probatorios serios en todo el país, especialmente en materia patrimonial y de lavado de activos.
En definitiva, el 2026 será un laboratorio. Habrá innovación judicial, debates sobre eficiencia y tensiones inevitables. Pero conviene recordar una verdad básica del derecho penal: la legitimidad no nace del castigo, sino del proceso. Si la Argentina logra juzgar al poder con rigor técnico, sin atajos ni venganzas, habrá dado un paso decisivo hacia una madurez institucional largamente postergada.
