La elección del próximo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) de Guatemala se avecina, con el mandato actual de Consuelo Porras llegando a su fin el 17 de mayo de 2026. Este proceso, establecido en la Constitución y la ley, busca garantizar una transición ordenada y la designación de un nuevo líder para la institución encargada de la persecución penal en el país.
El camino hacia la elección del nuevo Fiscal General comienza con la convocatoria y juramentación de una Comisión de Postulación, que deberá conformarse al menos cuatro meses antes de que concluya el mandato de Porras. Esta tarea recae en el Congreso de la República, que tiene la responsabilidad de publicar la convocatoria y conformar la Comisión antes del 17 de enero de 2026.
La Comisión de Postulación tendrá la labor de seleccionar, evaluar y calificar los expedientes de los profesionales interesados en ser Fiscal General. Aspectos como la formación profesional, experiencia, méritos académicos y otros criterios aplicables serán revisados durante esta etapa.
Tras cumplir con las evaluaciones correspondientes, la Comisión deberá elaborar una lista de seis candidatos que reúnen los requisitos y condiciones para optar al cargo. Esta nómina será la base para que el presidente de la República, Bernardo Arévalo, elija al nuevo Fiscal General antes de que finalice el mandato del fiscal saliente.
La Constitución y la Ley de Comisiones de Postulación establecen que la Comisión debe estar integrada por representantes del sistema judicial, académico y profesional del país, lo que busca que la evaluación de los aspirantes incorpore distintos criterios técnicos y profesionales.
El perfil exigido para ocupar el cargo de Fiscal General es equivalente al de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia: ser abogado colegiado, guatemalteco de nacimiento, mayor de 40 años, de reconocida honorabilidad, y contar con al menos diez años de ejercicio profesional o haber desempeñado cargos como magistrado en tribunales superiores.
La elección del nuevo Fiscal General se produce en un contexto en el que diversas instituciones del sistema de justicia y del Estado trabajan de forma coordinada para cumplir con los plazos y requisitos que contempla la legislación guatemalteca. Esta transición, que deberá concretarse antes del 17 de mayo de 2026, será clave para la continuidad y el fortalecimiento del Ministerio Público en Guatemala.
