El nuevo gobierno de Bolivia asumió el 1 de enero con un Presupuesto General del Estado (PGE) en plena vigencia automática, debido a la falta de aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Esta herencia presupuestaria, diseñada por la administración anterior, presenta varios desafíos que el actual gobierno deberá enfrentar en los primeros meses.
Según el economista Rubén Arias, el nuevo gobierno se vio obligado a ejecutar un presupuesto ajeno a su programa económico, con variables macroeconómicas y niveles de gasto definidos por la gestión anterior. Uno de los principales retos será la incorporación de los cambios introducidos por el Decreto Supremo 5503, que dispuso el levantamiento de las subvenciones a los hidrocarburos.
"Todas las reformas que se han realizado a través de este decreto, indudablemente debían ser incorporadas e iban a representar cambios sustanciales", señaló Arias. Esto implicará ajustar las proyecciones de ingresos y gastos del Estado, así como las transferencias a los gobiernos subnacionales.
Además, el analista advirtió que el Ejecutivo enfrentará un doble desafío: aplicar una disciplina fiscal estricta y, al mismo tiempo, contener las tensiones sociales que podrían surgir por la reducción de subsidios y el ajuste del gasto público.
El proyecto de PGE 2026 presentado en octubre por el Ministerio de Economía de la gestión anterior contemplaba un gasto consolidado de Bs 298.332 millones, con un contexto marcado por alta inflación, presiones sobre la balanza energética y un déficit fiscal superior al 10% del PIB.
