Más de la mitad de las viviendas en La Libertad se encuentran en condición informal, lo que las vuelve vulnerables ante fenómenos climáticos como las intensas lluvias y vientos que afectan a la región, según un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE).
Al 2024, más de 235 mil viviendas urbanas en La Libertad, es decir, el 56,2% del total, presentaban condición informal, lo que implica que se ubican en zonas no habilitadas para uso habitacional o carecen de título de propiedad. Esta cifra supera el nivel prepandemia de 50,6% y es ligeramente menor al promedio nacional de 60,5%.
La informalidad también se refleja en la calidad de construcción de estas viviendas. Apenas el 12% fue edificada con asistencia técnica profesional y solo el 12,8% cuenta con licencia municipal, ambas cifras por debajo de los promedios nacionales. Esto se traduce en el uso de materiales precarios, como adobe, quincha, calamina o fibras de cemento, que incrementan significativamente el riesgo de deterioro o colapso ante eventos climáticos extremos.
Además, el acceso a servicios básicos como agua y desag e también es limitado en estas viviendas informales. El 11,1% lleva entre 15 y 20 años sin acceso al agua, mientras que el 31,7% no cuenta con desag e por más de dos décadas, indicadores que superan los promedios nacionales.
"Reducir la vulnerabilidad urbana en La Libertad exige una estrategia integral que combine el control de la expansión informal con el fortalecimiento de la vivienda social, la asistencia técnica y el acceso a financiamiento formal", señala María Alejandra Ormeño, jefa de políticas públicas del IPE.
Según el informe, cerrar el déficit habitacional formal en La Libertad, que alcanza más de 28 mil hogares, requeriría multiplicar por 2,3 el ritmo actual de construcción formal en los próximos diez años. Esto, junto con una mejor coordinación entre los tres niveles de gobierno, permitiría mejorar la resiliencia de las ciudades de la región ante los crecientes riesgos climáticos.
