El Congreso Nacional se prepara para un relevo institucional que definirá los liderazgos y el tono de la próxima gestión parlamentaria. Con el cierre del actual período legislativo previsto para el 20 de enero, el nuevo Congreso entra en una fase decisiva que no admite improvisaciones.
Este proceso, regulado por la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, busca garantizar la continuidad institucional y evitar vacíos de autoridad en el órgano que concentra la representación política del país.
La sesión preparatoria del 23 de enero será el primer hito, donde se verificarán credenciales, se constatará el quórum y se establecerán las bases organizativas del nuevo Congreso. Posteriormente, se elegirá una junta directiva provisional, cuya función será concreta y limitada: conducir los debates iniciales y preparar el terreno para la sesión solemne en la que se elegirán las autoridades en propiedad.
El nuevo Congreso Nacional llega con una correlación de fuerzas definida, donde el Partido Nacional se consolida como la primera fuerza con 49 diputados, seguido por el Partido Liberal con 41, Libertad y Refundación con 35, el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata con dos y la Democracia Cristiana con uno. Esta situación obliga a la construcción de acuerdos, y la capacidad de diálogo entre bancadas será determinante para aprobar leyes clave o, por el contrario, profundizar los bloqueos que han caracterizado etapas anteriores.
Más allá de la reorganización interna, el nuevo Congreso Nacional asume funciones con una demanda clara sobre la mesa: impulsar reformas electorales. Diversos sectores consideran que los conflictos vividos antes y después de las elecciones generales evidenciaron fallas estructurales que no pueden seguir postergándose. Entre los temas prioritarios se mencionan la ciudadanización de las mesas electorales, la implementación de la segunda vuelta y la separación de las elecciones presidenciales de las diputaciones y alcaldías.
El exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral, Augusto Aguilar, señala que uno de los puntos críticos es la falta de autonomía técnica del organismo electoral, y advierte que las reformas deben aprobarse desde el primer año de gobierno, ya que cuando se deja avanzar el tiempo, surgen intereses que frenan los cambios. Incluso afirma que los principales partidos políticos temen a las reformas debido a la desconfianza en quienes dirigen los órganos electorales y sus estructuras territoriales.
En la misma línea, el abogado Kennett Madrid considera que el nuevo Congreso Nacional no puede dilatar más este debate, y sostiene que la concertación debe incluir a la ciudadanía y no limitarse a acuerdos entre cúpulas políticas.
El desafío del nuevo Congreso Nacional es que este relevo no quede como un simple cambio de nombres, sino como el punto de partida de decisiones que fortalezcan la democracia y devuelvan confianza al sistema político. Ahí, entre reglas legales y voluntad política, se juega el verdadero sentido de esta nueva etapa.
